SAN JOSE/AFP
Cientos de empleados públicos se concentraron frente al Ministerio de Trabajo en San José, capital de Costa Rica, para oponerse a un proyecto del gobierno que busca reducir los beneficios salariales a los trabajadores del sector.
En la concentración participaron representantes de los gremios magisteriales y de sindicatos portuarios, de los ministerios, del sector salud y de la industria petroquímica, entre otros, quienes amenazaron al gobierno con una «huelga general» si insiste en enviar al Congreso el proyecto de ley.
El mitin se realizó en respaldo a la dirigencia del movimiento sindical que este jueves acudió a una reunión convocada por el ministro de Trabajo, Olman Segura, para escuchar propuestas sobre la iniciativa.
Sin embargo, la reunión duró apenas unos minutos, pues los sindicatos respondieron al ministro que no están dispuestos siquiera a discutir los términos del proyecto de ley, que es abiertamente contrario a los intereses de los empleados públicos.
«Este gobierno ha lanzado una guerra sistemática contra nuestro derecho a tener un salario decente, quiere eliminar los 'pluses' salariales que son derechos adquiridos. Decimos no a este nefasto proyecto y si tenemos que ir a la huelga, iremos», advirtió la secretaria adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja del Seguro Social (UNDECA), Martha Rodríguez.
El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla ha dicho que el proyecto lo que pretende es «ordenar» el régimen salarial del sector público, que actualmente muestra grandes inequidades, pues trabajadores con iguales condiciones y responsabilidades perciben remuneraciones muy diferentes de una institución a otra.
Para los sindicalistas, el proyecto es un intento de cargar el problema del elevado déficit fiscal (alrededor de un 5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB), en las espaldas de los trabajadores, luego de que Chinchilla fracasara el año pasado en aprobar una reforma tributaria adversada por el sector empresarial.
La influyente Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) señaló en un comunicado que es «absurdo» pretender que eliminando incentivos salariales a los trabajadores se arreglaría el problema fiscal.
«Una muestra de que el problema del déficit fiscal está en otra parte, es el reconocimiento ya oficial de que, únicamente por exoneraciones y evasiones, el Estado deja de percibir casi 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de los 3,200 millones de dólares.
