Eduardo Enríquez
Antes de las elecciones municipales del año pasado el Régimen introdujo reformas a la Ley de Municipios y a la Ley Electoral con el fin de triplicar la cantidad de concejales en la mayoría de los municipios. En el caso de Managua, el número se multiplicó por cuatro, ya que había 19 concejales y ahora hay casi 80.
El argumento del Régimen era que multiplicando la cantidad de concejales estos iban a estar “más cerca del pueblo” y lo iban a representar mejor.
En mi libro, Muerte de una República , en el capítulo llamado La (falta de) Institucionalidad , hice un aparte para comentar sobre esa representatividad ficticia que existe en el sistema de gobierno de Nicaragua. Le hice el aparte porque una representatividad ineficiente o irreal incuba la destrucción del sistema republicano.
Aunque la actual representatividad es una simple fachada tanto a nivel nacional (con los diputados) como a nivel municipal con los concejales, al menos en el caso de los diputados no se ha hecho una reforma que empeore la situación. Con los municipios el año pasado se tuvo la oportunidad de mejorar las cosas pero más bien las empeoraron bajo la falacia de que llevando una muchedumbre a los concejos los ciudadanos iban a estar mejor representados. Nada más alejado de la verdad.
Para comenzar, ahora el votante ni siquiera sabe por quién está votando. Antes al menos había una lista, uno podía leer por quienes estaba votando y a más de alguno conocería, pero ahora ni eso. La papeleta que nos dieron solo tenía la bandera de los partidos. Los concejales eran, y siguen siendo al día de hoy, anónimos.
Además, ¿a quién representa el concejal número 42, o el número 58 del orteguismo en el caso de la capital?, “a todos los managuas” argumentarán, pero la verdad es que no. La “gracia” de una representación real es que el concejal —en este caso que estamos tratando— vele por las necesidades de determinado grupo, zona, sector, distrito o como quiera llamársele.
La verdad es que en nada beneficia a los intereses ciudadanos llevar a una multitud al Concejo Municipal, mucho menos si solo llegan a levantar la mano para “aprobar” —sin siquiera hacer preguntas— lo que viene aprobado ya, no de la oficina de la alcaldesa inconstitucional, sino de la del secretario general que es peor aún porque por él nadie votó.
Hay una forma más sencilla, más barata y que garantiza el contacto directo de la ciudadanía con el candidato que quiere su voto y con el concejal cuando resulte electo. Si llevar más gente al concejo ha resultado en menor representación, llevar menos, incluso menos de 19, garantizaría más representación.
Lo único que había que hacer era convertir, digamos en el caso de Managua, los siete distritos existentes en distritos electorales. De esa manera, los partidos tendrían que postular un candidato por cada distrito, pero esos candidatos tendrían que ganarse el voto a pulso, haciendo campaña con cada votante, recorriendo cada cuadra, y el representante sería prácticamente un vecino y su oficina estaría en el distrito, a escasas cuadras de la vivienda de sus representados.
Si ese concejal no cumple con lo que prometió a sus representados, en la próxima elección los electores saben que no votarán por él. El funcionario electo en este caso entonces se debe directamente a sus votantes. Y aclaro, esa lealtad no es porque es una mejor persona que los 80 que hay ahora sino porque existe una relación directa con los electores. Un valor agregado con este sistema es que el Concejo Municipal solo tendría siete miembros. El caso sería mucho más sencillo en los municipios más pequeños.
Uno de los pilares institucionales del sistema republicano es el cuerpo legislativo (la Asamblea en el caso nacional y el Concejo en el caso municipal). Quienes lleguen ahí están a cargo de hacer las leyes que regirán a todos y cada uno de los habitantes de un municipio o país. A ellos el ciudadano les confía el poder de crear leyes que le gobernarán, pero para que el ciudadano tenga la garantía de que el representante no abusará de ese poder debe existir un vínculo directo y claro con el votante y un sistema claro y confiable para que periódicamente los representantes se sometan a la aprobación o desaprobación de sus representados. En pocas palabras: un sistema electoral confiable.
Aquí, actualmente no existe, entre muchas otras cosas, ni ese vínculo directo entre representante y representado ni un sistema electoral confiable. Y todavía hay gente que me pregunta por qué considero que la República está muerta.
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