Martha Vásquez
Entró llorando, pero salió sonriendo. A pesar de los treinta años de cárcel a los que fue condenada ayer por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga, Raquel Alatorre mantuvo su temple relajado, sonriente, como en todo el proceso judicial.
“Lloró porque tenía tiempo de no ver a sus compañeros porque ellos están en el Sistema (Penitenciario) y ella en la DAJ (Dirección de Auxilio Judicial)”, aclaró Amy García, una de las abogadas del equipo de defensa de los 18 mexicanos.
Luego de ingresar llorando a la sala especial donde fue leída la sentencia por el juez Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio, Alatorre volvió a ser la mujer inmutable. Su comportamiento con los reporteros gráficos durante el juicio fue complaciente. Si le hacían señas para que se persignara y besara el rosario que anda puesto, lo hacía las veces que fuera necesario y sonreía, por eso fue extraño que ayer llorara.
La espaciosa sala estaba colmada de periodistas, camarógrafos, abogados y en última fila el cónsul de México en Managua, Germán Murgía Mier.
El fiscal Armando Juárez dijo que probablemente la próxima semana estén claros del vínculo entre Televisa y los mexicanos.
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Orietta Benavides, representante legal de la empresa Televisa en Nicaragua, acompañaba a Murgía Mier. Estas dos figuras fueron infaltables durante el proceso.
Los 18 mexicanos se identificaron como periodistas de Televisa cuando fueron detenidos en agosto pasado en el puesto fronterizo de Las Manos. Además presentaron credenciales y cartas firmadas por Amador Narcia, vicepresidente de información de este emporio mediático, por eso el caso ha sido centro de atención de medios internacionales, sobre todo mexicanos.
PRESOS HASTA EL 2042
Después de constatar la asistencia de Fiscalía, Procuraduría, defensas y procesados, el juez Altamirano empezó a detallar las penas.
“Raquel Alatorre Corea se condena a ocho años de cárcel por crimen organizado, transporte internacional de estupefacientes veinte años, lavado de dinero siete años de prisión, en total suma 35 años de cárcel, pero la Constitución solo permite treinta años de formal prisión”, aclaró el judicial.
Luego siguió con Juan Luis Torres, el segundo al mando, según probó la Fiscalía en juicio. La pena para este procesado fue la misma. Así siguió mencionando uno a uno entre estos Oswaldo Uribes y Rodolfo Jiménez Camacho quienes fueron condenados a 34 años de cárcel, ya que por crimen organizado les dio siete años en vez de ocho como a los cabecillas.
En general las penas anduvieron entre los 34 y 35 años de prisión, pero la pena máxima —según la Constitución de Nicaragua— es de treinta años de cárcel, por tanto, todos purgarán su sentencia hasta el 2042, detalló el judicial Altamirano.
A los reos se les toma en cuenta el tiempo que han estado detenidos desde agosto de 2012 pasado hasta antes que el juez les leyera la sentencia condenatoria. El juez también les impuso un mil días multas.
En el caso de los mexicanos que trasladaban los 9.2 millones de dólares en compartimentos ocultos de los vehículos vans, la multa es equivalente a lo decomisado.
El equipo de abogados defensores representados por Ramón Rojas Urroz y Amy García, rechazó estas multas porque consideran que son inconstitucionales e impagables, ya que no pueden darle doble castigo al procesado con pena privativa de libertad más sanción económica.
APELARÁN
Los abogados defensores de los 18 mexicanos expresaron que apelarán el fallo de culpabilidad dado en diciembre pasado, por considerar que los delitos por los cuales fueron acusados no se demostraron y además la sentencia es severa.
Ellos habían solicitado 14 años de prisión por los tres delitos, demandando penas mínimas para cada uno.
ACUSACIÓN
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio contra los 18 mexicanos está el movimiento migratorio de Alatorre que indica que entró 45 veces a Nicaragua por distintos puestos fronterizos.
Los ingresos migratorios de los 18 mexicanos, por fecha, coinciden con el registro de 132 certificados vehiculares emitidos por la Dirección General de Servicios Aduaneros de 18 placas de vehículos utilizados por estas personas, incluidas las seis vans que se ocuparon con 9.2 millones de dólares, ocultos en compartimentos secretos.
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