Gloria Picón Duarte
A tres días de que empiece la juramentación de los alcaldes, vicealcaldes y concejales electos, según el calendario electoral, solo 3,215 de los 6,272 habían presentado sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General de la República (CGR).
El contralor de facto de la Contraloría General de la República, manifestó que miles de los funcionarios no ponen nada en sus declaraciones de probidad. Una vez que la CGR tiene la documentación tendría que verificar la información de los funcionarios, sin embargo la CGR señala que no tienen los recursos, solo cuentan con tres verificadores a nivel nacional.
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El presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, señaló que en periodo de vacaciones hubo un equipo de trabajo para recibir las declaraciones de probidad tanto en Managua como en las oficinas que tienen en Estelí, Juigalpa, Chinandega y en las dos regiones autónomas.
Ayer por la mañana continuaban llegando los funcionarios para presentar sus declaraciones de probidad, ya que sin la constancia que emite la CGR no podrán ser juramentados por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Juan Carlos Su, director de probidad de la CGR, dijo que muchos atrasan el proceso porque no llevan lleno el formulario y llegan para que los funcionarios de la CGR les ayuden a hacerlo. El funcionario agregó que esperan que en los próximos tres días llegue el resto de funcionarios ya que ellos estarán trabajando hasta las cuatro de la tarde, pero continuarán si existen personas esperando ser atendidas.
Hasta el 4 de enero en el departamento de Managua faltaba que 112, de los 544 electos, hicieran su declaración de probidad. Según Su, la alcaldesa Daysi Torres hizo su declaración desde la semana pasada. Explicó que la Ley prohíbe que las declaraciones sean públicas sin el consentimiento del funcionario y luego la CGR decide si da lugar o no a la petición.
ACREDITACIÓN EN VEREMOS
Mientras tanto, al menos oficialmente, todavía es incierto el día en que los funcionarios serán juramentados y acreditados por el CSE, ya que el magistrado de facto José Luis Villavicencio dijo a medios oficialistas que ellos tienen la potestad de decidir cuándo será la fecha, aún cuando el calendario que ellos mismos elaboraron señala que debe ser el 10 de enero.
“Tenemos una calendarización, y la estamos afinando en algunos detallitos para darla a conocer oficialmente. Ya los tenemos programados, y el 10 de enero solo es un punto de referencia, pero nosotros lo podemos hacer antes o después del 10”, dijo Villavicencio a El 19 Digital, un medio oficialista.
Sin embargo para el exfuncionario del CSE, Dionisio Palacios, esta es una más de las malas prácticas del CSE ya que una vez que el calendario electoral es aprobado por consenso con los partidos políticos se convierte en ley para la institución y solo puede ser reformado con el consenso de los mismos partidos.
El segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Electoral establece que “el CSE podrá modificar o reformar el calendario electoral por causas de caso fortuito o fuerza mayor, en consulta con las organizaciones políticas”, pero en este caso no se han dado razones ni hubo consultas.
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