Tania Sirias y Efe
El presidente inconstitucional, Daniel Ortega, confirmó su asistencia a la toma de posesión del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, el gobernante colombiano Juan Manuel Santos Calderón, busca de manera desesperada revertir el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y habló de un posible “tratado” con Nicaragua, el cual podría dialogarse durante el encuentro de mandatarios en el país azteca.
La secretaria de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, anunció la presencia de Ortega en México hoy, pero no se refirió a la posible reunión de este con Santos Calderón.
“Expresamos nuestro respeto a lo que es el orden jurídico internacional, en este caso la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y acataremos, ejecutaremos, la sentencia que defina las diferencias”, afirmó Humala.
Por su parte, Piñera manifestó: “Chile ha sido, es y seguirá siendo un país respetuoso del derecho internacional, de la solución pacífica de la controversia, de los tratados internacionales y de los tribunales internacionales”.
Las palabras de ambos mandatarios fueron interpretadas como un regaño al presidente Santos.
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El fallo desfavorable para Colombia en La Haya, donde Nicaragua recuperó territorio en el mar Caribe, ha provocado un derrumbe en la popularidad del presidente colombiano desde que llegó a la Presidencia en 2010, bajando a 45 y 51 por ciento, frente al 60 y 62 por ciento que tenía en el mes de septiembre de este año, informó la agencia Efe.
NO ACATAR FALLO ES IRRESPETAR JUSTICIA INTERNACIONAL
El doctor en Ciencias Políticas por la Sorbona de París y profesor de la bogotana Universidad Javeriana, Fernando Giraldo, afirmó que el no acatar el fallo implica no respetar la justicia internacional y con ello quedar sepultado bajo la mira de los demás países, especialmente los vecinos, algunos de los cuales también tienen litigios en la CIJ, como Chile y Perú.
A esto se suma que el mandatario anunció la retirada del Pacto de Bogotá, por el que los países firmantes reconocen la jurisdicción de la Corte de la ONU.
Giraldo expresó que el mandatario colombiano “está buscando una salida para quedar bien ante la comunidad internacional, con un fuerte reclamo de la opinión publica” al interior del país.
RESOLUCIÓN DE SOBERANÍA
Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Nicaragua emitió una resolución donde llama a “unirse en defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional”.
La resolución fue leída por el tercer vicepresidente del parlamento, Wilfredo Navarro, quien expresó que de acuerdo con lo contenido en la Constitución Política “la soberanía es un derecho irrenunciable”, el cual es deber de todos preservarlo y defenderlo.
Agregó que Nicaragua, basado en el principio de buena vecindad y de paz entre las naciones, privilegia la solución de conflictos, en base al diálogo y la negociación. Navarro indicó que nuestro país es respetuoso del derecho internacional, entre eso la Corte Internacional de Justicia, para dirimir los conflictos que se presenten con países hermanos.
Navarro dijo que la unidad de fuerzas políticas permitió que se recuperara el derecho soberano de sus aguas que por “geología, geografía, historia y el derecho pertenecen a Nicaragua”.
FRAGATAS EN AGUAS NICAS
Pese a que el fallo de la CIJ reconoce la soberanía de Nicaragua, Colombia mantiene fragatas y aviones patrulleros de la Armada en las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés, cuyas islas y cayos han quedado en manos del país suramericano.
El objetivo de mantener las fragatas y los sobrevuelos es proteger a un grupo de diez a 12 barcos colombianos que siguen practicando pesca de altura, así como garantizar la seguridad de sus tripulantes y custodiar las líneas de comunicación, dijeron a Efe fuentes de la Armada.
La Marina efectúa un promedio de dos vuelos diarios sobre las aguas que circundan el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, rodeado en buena parte por la franja de mar que la CIJ atribuyó a Nicaragua en su fallo del pasado 19 de diciembre.
Santos dijo que no acatará el fallo hasta que se garanticen los derechos de los habitantes. Ante esta afirmación, el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del parlamento, Jacinto Suárez respondió que Nicaragua le dio derecho a la pesca a los ciudadanos de San Andrés y que deben ser tratados como “hermanos nicaragüenses”.
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