Pasada la vorágine de las elecciones municipales, la seguridad ciudadana debe ser retomada como un tema prioritario, tanto en la comunidad como en la agenda pública, principalmente de los gobiernos locales (alcaldías), que asumen cada día más responsabilidades.
Las autoridades de un municipio reflejadas en el alcalde y vicealcalde, el jefe policial, el delegado del Ministerio de Educación (Mined), el Ministerio de Salud (Minsa), el representante del Ejército, el fiscal, el juez, entre otros, de la mano con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que desarrollan programas concretos en la comunidad, tienen que trabajar en función de implementar acciones orientadas a la prevención del tráfico, comercialización y consumo de drogas que consecuentemente deriva en conductas criminales. Pero estas acciones no deben quedar solo en papeles, sino que tienen que convertirse en acciones tangibles cuyos resultados sean vistos y evaluados por la comunidad.
En cada municipio, además de las agendas socioeconómicas y políticas que tienen las autoridades, es imperativo que se luche por tener un alto nivel de seguridad ciudadana que beneficie a todos y principalmente, que preserve valores y principios que redundarían en beneficio de la juventud. Si hay seguridad ciudadana, el resto viene de forma natural: desarrollo, educación, empleo, mejor nivel de vida, etc.
Es por eso que a nivel de los municipios del país hay que fortalecer la capacidad de gestionar la temática de seguridad y de reducir la delincuencia; promover y ejecutar iniciativas de prevención de la criminalidad con la participación de autoridades locales y centrales, el sector privado y la sociedad civil.
Además de lo anterior, hay que trabajar acciones dirigidas a grupos de riesgo, prevención del delito en lugares concretos y aplicación de la norma penal en lo que corresponda.
Desde hace varios años he abordado este tema de la seguridad ciudadana y las acciones orientadas a la prevención del delito. Ahora se hace más imperioso seguir luchando contra este maldito flagelo que diezma no solo a la sociedad en general, y principalmente a la juventud. Pero el asunto no solo es implementar acciones preventivas y coercitivas contra quienes promueven el consumo de la droga, sino que también hay que hacer un arduo trabajo de concienciación desde el núcleo fundamental que es la familia, pasando por todos los tejidos sociales hasta llegar a la cúspide.
Los lugares conocidos como destinos turísticos son los más vulnerables a todo tipo de actos delictivos y es ahí donde las autoridades tienen que estar más alertas. Por ejemplo, si hay suficientes “bares y restaurantes” que en varios casos no cumplen con los estándares para brindar un servicio de calidad y derivan en cantinas en un municipio, las autoridades no deben autorizar más y si los que están violan las normas, se tienen que cerrar. En los pueblos suelen haber “pistas de baile” que no son más que espacios abiertos inseguros y que se convierten en un tormento para los vecinos. Además, son propicios para el consumo de licor y droga, que luego genera violencia donde salen a relucir desde armas blancas hasta abuso sexual. Esto no debe seguir.
Entonces, todas las autoridades locales y la misma comunidad tienen que convertirse en un muro de contención contra la droga y otros delitos para conseguir una ejemplar seguridad ciudadana. Sin temor hay que trabajar porque se aplique todo el imperio de la ley contra nacionales y extranjeros que promueven la criminalidad en el país.
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