Entre 2007 y 2011, Nicaragua ha recibido de Venezuela 2,231 millones de dólares en cooperación, incluyendo la inversión en energía y la refinería. Al hacer un balance sobre el impacto de ese recurso, los expertos llegan a una conclusión: ha fomentado la corrupción, enriquecido a la familia Ortega-Murillo y no ha reducido drásticamente la pobreza.
Con 2,231 millones de dólares, que representa el 23.94 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) actualizado de 2011, la inversión pública se hubiese duplicado en los últimos cinco años y los niveles de pobreza general habría bajado a niveles entre 35 y 40 por ciento, estiman el exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Edmundo Jarquín, el economista René Vallecillo y el presidente de Hagamos Democracia, Róger Arteaga.
Aumentar los recursos en la inversión pública —construcción de carreteras, caminos, escuelas, centros de salud y otros—, hubiese “generado empleos y mejorado la educación, que son las únicas formas sustentables de reducción de la pobreza”, dice Jarquín.
Según la Encuesta de Hogares para medir la pobreza en Nicaragua que realiza la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global (Fideg), entre 2009 y 2011 la pobreza general solo ha retrocedido 0.6 puntos porcentuales al pasar de 44.7 a 44.1 por ciento.
El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, denunció que Chávez donó US$$ 100 millones a Zelaya, los cuales no ingresaron al Banco Central de Honduras, según su presidente, María Elena Mondragón, quien el jueves informó sobre US$$ 263.6 millones que se recibieron de la cooperación venezolana, de los que sí hay respaldos e información es en qué se han gastado.
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Es cierto hay programas de interés social que se están financiando con esa ayuda de Venezuela, pero el problema, según Vallecillo, es que el impacto de estos no son sostenibles a largo plazo, tampoco eficientes.
“La cooperación de Venezuela ha incidido en reducir la pobreza si se mide por el nivel de consumo, pero esa reducción en todo caso no ha cubierto a una parte significativa de la población, no es sustentable”, explica por su parte Jarquín.
En esa misma línea, Arteaga sostiene: “El mismo Fondo Monetario Internacional ha demostrado en un estudio que Nicaragua es uno de los países que más ayuda ha recibido para combatir la pobreza. Sin embargo, en el concierto de países es uno de los que menos ha logrado en ese campo”.
De hecho, según el Fideg en 2011 la pobreza general se habría reducido a cero si se hubiese invertido 624.3 millones de dólares en el segmento poblacional que vive bajo esa condición. Ese monto representa el 27.98 por ciento del total de la cooperación venezolano recibido en los últimos cinco años.
El problema es que gran parte de esos fondos son manejados discrecionalmente por la familia Ortega-Murillo, quienes, según los expertos, serían los grandes perdedores, y no Nicaragua si el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no logra reelegirse en los comicios de hoy, para permanecer en el poder otros seis años y completar un periodo de 20 años.
EL VERDADERO IMPACTO
Entonces ¿qué impacto ha tenido la cooperación chavista? Más allá de garantizar la estabilidad en la generación energética y el financiamiento a programas sociales con alta carga política, los expertos coinciden en que ha fomentado la corrupción y el enriquecimiento de la familia presidencial y sus allegados.
“En el balance ha servido para el enriquecimiento desproporcionado de círculos del Gobierno, principalmente los asociados a la familia del gobernante”, afirma Jarquín.
Es por eso Artega critica por su lado que se haga creer al pueblo que el subsidio a la tarifa eléctrica “es un regalo” de Venezuela, cuando en realidad es una deuda que cada año es pagada con recursos del Presupuesto General de la República (PGR).
No se sabe cómo se maneja esa cooperación porque no pasa por el PGR. En su momento la Asamblea Nacional firmó acuerdo donde aseguraba que el país no reconocería como deuda pública que se genere de la relación petrolera con Venezuela, aunque este acuerdo no tiene ningún peso jurídico porque no es una ley sino una posición política.
Jarquín responsabiliza al FMI por no exigir la incorporación de ese fondo al presupuesto. “Desde un principio se conoció que con esa cooperación se estaba financiando cosas que después es muy difícil absorber presupuestariamente, de tal forma que la famosa responsabilidad macroeconómica del gobierno de Ortega es en buena parte ficticia porque no es sustentable fiscalmente”, afirma.
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