Ardisa entrega primera parte de boletas
Moisés Martínez
La adjudicación del contrato para la impresión de las boletas a la empresa Ardisa podría ser ilegal porque el Consejo Supremo Electoral (CSE), además de mantener oculto el monto pagado, violentó el artículo 58 de la Ley 737 de Contrataciones del Estado referido a cuales son las circunstancias puntuales bajo las que se permite la contratación directa o simplificada, de acuerdo con el especialista en contrataciones y compras estatales, Rodolfo Pérez García. Además, la Contraloría General de la República confirmó a LA PRENSA que el CSE no les informó sobre esta operación, por lo que el ente fiscalizador desconoce sus detalles.
El artículo 58 establece puntualmente las diez circunstancias bajo las cuales cabría una contratación directa como la que fue hecha por el CSE.
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De acuerdo con Pérez García, el proceso electoral no puede ser cubierto por cualquiera de estas coyunturas, ya que con mucho tiempo de antelación se conoce la fecha de las elecciones, por lo que bien se habría podido programar una licitación.
“Son diez casos excepcionales en los cuales se podría contratar de manera directa según lo establece la Ley, y en ninguna parte aparece punto alguno que se refiera a la contratación para impresión de boletas. No es un motivo de urgencia o emergencia, porque eso está planificado desde hace tiempo. Todo el mundo sabe cuándo son las elecciones. Es una contratación ilegal”, dijo el especialista.
Por su parte, el presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, luego de consultar con el Departamento de Asuntos Jurídicos del ente fiscalizador, reveló que no habían sido informados al respecto.
“Lo único que puedo decirle es que no sabemos nada sobre ese proceso. Nosotros, en base al control posterior que establece la Ley ahora, vamos a proceder con las revisiones y auditorías de ejecución presupuestaria para determinar si los recursos fueron usados correctamente y en base a eso ya podremos pronunciarnos sobre este proceso”, declaró.
Pérez García concuerda con el contralor Argüello Poessy en que con las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, el ente fiscalizador tendría que esperar al control posterior para revisar el contrato del CSE con Ardisa, a menos que la CGR decida actuar de oficio y solicitar información sobre el proceso.
“Pero en todo caso la Contraloría podría intervenir hasta que se cumpla con el control posterior, y ya los fondos estén ejecutados. Hasta en ese momento la Contraloría podría pronunciarse sobre una posible nulidad del contrato y determinar posibles responsabilidades para las autoridades del Consejo Supremo Electoral”, explicó Pérez García.
Sin embargo, dada la “gravedad” de mantener oculto el monto de recursos estatales destinados para la impresión de las boletas, el especialista comentó que el Ministerio Público podría intervenir debido a la flagrante violación a la Ley de Acceso a la Información por parte del CSE.
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