Bogotá/EFE
Rodrigo Granda, conocido como el «canciller» de las FARC, negó hoy que esta guerrilla se dedique al narcotráfico y afirmó que su relación financiera con las drogas se restringe al cobro de un impuesto en las zonas en las que se cultiva o se comercia con coca.
El guerrillero, quien reveló que su nombre de guerra es «Ricardo Téllez» y Rodrigo Granda el de pila, hizo estas afirmaciones en una entrevista con la emisora Blu Radio desde La Habana, donde ha participado en la fase exploratoria del proceso de paz que las FARC y el Gobierno colombiano abordarán en Oslo en menos de un mes.
«Somos una organización política y militar con objetivos claros y definidos», remarco Granda y recordó que desde la década de los años noventa las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han rechazado las prácticas de narcotráfico en sus escritos.
«(El narcotráfico) es uno de los temas más manipulados», advirtió el llamado «canciller» de las FARC antes de recordar que fue el Gobierno de Estados Unidos el que ideó el «mote de narcoguerrilla».
«Nosotros no tenemos relación con la cuestión de laboratorios. Nosotros hemos dicho que se cobra un impuesto en las áreas en las que se produce la coca, eso es para los comerciantes que entran a vender y a comprar la coca para la reventa; pero la cuestión del tráfico, exportación, no la tenemos», aclaró.
Granda no anticipó si se sumará a los negociadores designados por las FARC, que son el número dos de la organización, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez»; el miembro del Estado Mayor «Jesús Santrich», alias de Seuxis Paucias Hernández.
Tambié han solicitado la participación de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, «Simón Trinidad», quien está preso en EE.UU.
Uno de los cinco temas de la agenda del proceso de paz es precisamente el narcotráfico, con un enfoque integral que abarca el estudio de planes de sustitución de cultivos, programas de prevención de consumo y salud pública, y también «la solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos».
Granda también expresó su interés en que en la mesa de diálogo con el Gobierno se aclare «la verdad» de lo sucedido en Colombia durante medio siglo de conflicto armado, algo que a su juicio conmocionará al país.
«Las FARC son las más interesadas en esclarecer cada uno de los casos que puedan ser imputados y vamos a trabajar con los familiares (de sus víctimas), a título individual. Esa puede ser una contribución nuestra», dijo.
Según cifras de la organización no gubernamental País Libre, las FARC privaron de su libertad a un total de 2.600 personas entre 2002 y 2011. Ese grupo considera que en el poder de la guerrilla siguen 405 secuestrados, a pesar de que los portavoces insurgentes lo han negado.
Granda fue detenido el 13 de diciembre de 2004 en una operación colombiana en Caracas tras lo que se declaró «secuestrado» por las autoridades de su país, fue trasladado de inmediato a Bogotá, pero en junio de 2007 recibió la libertad por orden de Álvaro Uribe.
El entonces presidente colombiano lo puso en libertad por solicitud del ahora exgobernante francés Nicolas Sarkozy para que ayudara a la liberación de rehenes de las FARC, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, franco-colombiana que fue rescatada en 2008 junto a tres estadounidenses y once policías y militares.
