Tal como siguen marchando las cosas en el país, no hay por qué votar en las próximas elecciones municipales del 4 de noviembre. Sería avalar la sarta de violaciones a los distintos cuerpos normativos, incluida la Constitución Política de Nicaragua, por parte del presidente inconstitucional, Daniel Ortega Saavedra y sus partidarios.
Cabe recordar que el 19 de octubre del 2009, magistrados del régimen actual, en la Sala Constitucional emitieron una sentencia espuria en la que le permiten a Ortega ser candidato presidencial en las elecciones del 2011. En enero de 2011, los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocaron a los conjueces para establecer una irregular corte plena y así ratificar la decisión espuria de la Sala Constitucional que también beneficia a 105 alcaldes sandinistas con la oportunidad de reelegirse en sus cargos.
La Constitución Política establece un doble candado legal que impedía a Ortega ser candidato en los comicios de noviembre pasado. Pese a eso, los funcionarios de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), encabezados por Roberto Rivas Reyes, lo inscriben como tal. El resto de la historia ya se conoce y a la misma se debe agregar otro colosal fraude ejecutado con distintos mecanismos.
Pero en medio de esta vorágine de que si a Ortega se le permitía o no ser candidato a la Presidencia, aún violentando la Constitución, el caudillo mediante el decreto ejecutivo 03-2010 ratificó y prorrogó en sus cargos a altos funcionarios de otros poderes del Estado, cuya elección es potestad de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Ortega tomó la decisión dado que en el parlamento tampoco se eligió a los funcionarios porque el FSLN siempre boicoteó dicha acción.
Entre los funcionarios que fueron ratificados en sus cargos por Ortega está el funcionario de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, cuyo período al que fue electo por cinco años venció en junio de 2010.
Entonces, como se puede apreciar en este breve recorrido desde el 2009, hay sobradas razones para considerar que el proceso de las próximas elecciones municipales de noviembre de 2012 también está plagado de anomalías aplicadas por el gobernante FSLN. El calvario con las cédulas es el mismo y el CSE apaña una serie de irregularidades que comete el orteguismo, mientras los partidos opositores fuertes son obstaculizados de todas formas.
Como expresaron en su momento las bancadas de oposición en el parlamento a través de la Declaración de Rechazo al Decreto 03-2010, “bajo el régimen del presidente Ortega, Nicaragua ha dejado de ser un Estado de Derecho y se ha convertido en un país, cuyo presidente abriga intenciones de crear una dictadura vitalicia y cuyo gobierno es de facto y que no le brinda a sus ciudadanos ni la más mínima gobernabilidad, entendiéndose por esto, transparencia y respeto a las leyes de la República, incluyendo su Carta Magna, la institucionalidad y la democracia representativa”.
Es así que los alcaldes que van revestidos de ilegalidad en su candidatura para noviembre de 2012 no son más que cómplices de las atrocidades contra las leyes de la nación. A eso se debe sumar que hay alcaldes que están en sus cargos producto del fraude en las elecciones del 2008 y eso es imperdonable en este país donde se ha trabajado por construir la institucionalidad, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo integral del mismo.
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