Ramón H. Potosme
La energía que generará el proyecto hidroeléctrico Tumarín podría ser más cara debido al aumento de los costos del proyecto, pese a las exoneraciones fiscales que goza y que podrían ser ampliadas con la iniciativa de reformas a la Ley Especial de Tumarín, que envió el ejecutivo a la Asamblea Nacional.
De acuerdo con esta reforma se modificará el costo de la obra en 300 millones de dólares adicionales, pasando del cálculo inicial de 800 millones de dólares a 1,100 millones de dólares actualmente. Tal modificación la empresa ya la había anunciado desde mediados del año pasado.
El artículo 25 modifica las exoneraciones de las que se beneficiará el proyecto Tumarín.
Señala que el proyecto pagará como Impuesto sobre la Renta (IR) el tres por ciento de sus utilidades en los primeros 15 años, y a partir del año 16 y hasta el final de la licencia de generación pagará el 15 por ciento de tales ingresos.
De acuerdo con el analista Oscar Carrión, eso es una gran concesión de parte del Gobierno para ese proyecto, porque las empresas comúnmente pagan el 30 por ciento de sus ganancias como IR.
Estos beneficios para el proyecto hidroeléctrico son adicionales a los que poseía en la Ley de Tumarín, aprobada el 1 de julio del 2009. Entonces se estableció que los beneficios que otorga la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, como el IR, impuestos municipales, impuestos sobre explotación de riquezas naturales e impuestos por timbres fiscales dispuestos para entre siete y diez años, para Tumarín serán de 15 años.
En la reforma definen que las exoneraciones mencionadas al IR e impuestos municipales entrarán en vigencia a partir del inicio de las operaciones comerciales de la empresa y el resto a partir de la publicación en La Gaceta, de las reformas planteadas.
Adicionalmente, en la reforma establecen que mientras dure la licencia, estarán exentos de IR el desarrollador del proyecto y las personas naturales y jurídicas que presten servicios a dicho desarrollador, ya sea como asesoría o consultoría.
Por otro lado, el ejecutivo propone agregar un nuevo artículo para que los conflictos, que surgieran entre la empresa e instituciones estatales o descentralizadas, se resuelvan mediante mediación o arbitraje internacional.
Carrión señala que además la reforma pretende que Tumarín tenga un mercado cautivo al obligar a las empresas distribuidoras a comprarle su energía al precio que la generadora establezca, pero esta misma tendrá la libertad de vender a quien desee si encuentra clientes más favorables. Con esto, según Carrión impiden a las distribuidoras beneficiarse del Sistema de Interconexión Eléctrica Centroamericana (Siepac) y tener acceso a energía más barata en la región.
Con el aumento del costo de la obra en 300 millones de dólares, según Carrión, en el futuro va a resultar un costo de generación similar al del sector petrolero, con lo cual los negocios del Gobierno tendrán un competidor no muy fuerte y el Estado podrá optar por uno u otro.
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