Humberto Galo
Venían de extremos opuestos del país, pero compartían un mismo objetivo: plantear al Gobierno inconstitucional de Daniel Ortega sus exigencias.
Ayer, en las inmediaciones de la Secretaría del Frente Sandinista, dos grupos de manifestantes se presentaron simultáneamente a protestar y fueron recibidos por una numerosa delegación de policías que custodian la sede partidaria.
Al salir de la reunión, indicaron que quien les recibió se mostró “sorprendida” ya que esta problemáticas no son conocidas por la máxima dirigencia del partido, por lo que se tomarían cartas en el asunto a lo inmediato.
[/doap_box]
El primer grupo lo conformaban unos 70 miembros de la Asociación de Extrabajadores de la Empresa Nicalit; ellos provenían de San Rafael del Sur. Hombres en su gran mayoría, con la piel curtida por el sol y la cara marcada por el paso de los años. Armados de pancartas, mantas y consignas, se desplazaron hasta Managua con la esperanza de que el presidente Ortega ordene a los diputados de la bancada sandinista den trámite a una iniciativa de ley que ordene el derecho de pago equivalente al 25 por ciento por la privatización de la empresa, ocurrida a mediados de la década de los noventa, cuando se firmaron los llamados acuerdos de compactación.
La firma contempló una serie de ajustes, basada en drásticos recortes del gasto público a través del despido masivo de trabajadores y una privatización generalizada en las empresas estatales. Una de estas empresas fue Nicalit.
Ángel Gago, es el presidente de la organización en la cual están agrupados más de 400 personas, cuya salud fue severamente deteriorada al estar en contacto con un material contaminante como lo es el asbesto.
“Hasta ahora más de 40 miembros han fallecido, y una buena parte de nosotros padecemos mesotelioma, fibrosis pulmonar y cáncer”, explicó Gago.
VUELVEN CONTRA EL DEDAZO
El otro grupo de manifestantes era menos nutrido, en su mayoría mujeres, provenientes del municipio El Jicaral, de León, quienes por segunda ocasión en menos de una semana se plantaron en las inmediaciones del parque El Carmen para exigirle al FSLN que la persona que opte al cargo edilicio sea la actual alcaldesa Karla Raudales Moya, y no Manuel Torres, quien se proclama como el “elegido”.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
