José Adán Silva
El escenario, a criterio de dos exfuncionarios ligados al tema de resolución de conflictos, es difícil para el país, más por los atropellos del presidente inconstitucional Daniel Ortega que por la falta de voluntad para resolver los reclamos pendientes.
Del otro lado, el Gobierno da cifras técnicas que en apariencia son lo suficientemente exitosas para obtener el aval de Washington, pero incumple aspectos de gobernabilidad y democracia que Estados Unidos (EE. UU.) considera dentro de su evaluación histórica para otorgar cooperación a Nicaragua.
El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, enfrentó durante el gobierno de Enrique Bolaños (2001-2007) la presión anual estadounidense para dar respuesta a las demandas de ciudadanos estadounidenses que sufrieron la confiscación de sus propiedades en el primer régimen sandinista (1979-1990).
Él sabe que la sola resolución de casos no conlleva al otorgamiento del aval si no va acompañada de otras condiciones que para los intereses de EE. UU. son primordiales. “Estados Unidos siempre demanda transparencia y gobernabilidad. Vos podés resolver todos los casos, pero si no te apegás a las reglas del juego que ellos demandan no vas a obtener el waiver”, explica.
Su visión es que la dispensa, este año, está más difícil que en años anteriores.
Otro caso es el de Carlos y Víctor Abohasen: “Dice la PGR en un informe que hicieron circular por ahí, que nuestro reclamo es un conflicto entre particulares desde 1981, con unas personas que jamás, en más de 33 años que llevamos exigiendo justicia, las hemos escuchado o visto, pero ocultan flagrantemente, que nuestra reclamo es por la invasión del Ejército de Nicaragua y otra gente a valiosas tierras de mi familia”.
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“Ya Estados Unidos desde 2008 viene pidiendo mayor apertura de democracia, gobernabilidad y transparencia a Nicaragua y el Gobierno, lamentablemente, no ha respondido a esa solicitud. No hay mejoría de condiciones democráticas ni garantías de un cambio, así que veo difícil el panorama”, dijo.
Igual que Novoa, el exintendente de la Propiedad, Alfonso Sandino Camacho, tiene sus reservas sobre el otorgamiento del waiver. “La resolución de reclamos es un punto a favor del país, pero el comportamiento político del Gobierno son dos puntos contra el waiver”, dijo el exfuncionario público que resolvió casos de este tipo entre 2001 y 2006.
“Si Washington exige a cambio de su apoyo una serie de aspectos que un país se niega a cumplir, entonces considera que ese país o no necesita el apoyo, o lo rechaza para no comprometerse con los principios democráticos. Ahí está el asunto, este gobierno no comparte los principios democráticos que Estados Unidos demanda”, observó Sandino.
Señal de esa falta de compromiso — a criterio de Sandino— es que la Asamblea Nacional se va de vacaciones por un mes, sin haber elegido a las autoridades con cargos vencidos, principalmente a las del poder electoral, acusadas de dos fraudes electorales consecutivos en 2008 y 2011.
Los diputados de la Asamblea Nacional se fueron de vacaciones desde el 6 de julio y regresan a sus curules hasta inicios de agosto, días después que se vence el plazo anual del waiver que Estados Unidos concedió a Nicaragua en el año 2011.
La aprobación o rechazo de la concesión ya ha sido tomada en cuenta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien por medio de su representante en Nicaragua, Mirna Liévano de Marques, ha señalado que están atentos al proceso anual. Sin el waiver, el Gobierno de Washington tiene incidencia para bloquear fondos otorgados por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, FMI y el BID, al considerar que un país no cumple los parámetros establecidos para recibirlos.
Para Sandino Camacho, la falta de transparencia del actual gobierno es tan obvia que ni las mismas cifras de resolución de casos son confiables.
“Ni siquiera en sus cifras de resoluciones de casos hay transparencia, porque hay reclamos que presentan como resueltos, cuando ya habían sido resueltos desde tiempos de Enrique Bolaños y lo único que hicieron fue postergarlo para agenciarse el crédito”, denunció.
Al menos cinco ciudadanos estadounidenses que figuran en la lista de casos resueltos que maneja la Procuraduría General de la República (PGR), confiaron a LA PRENSA que la resolución de sus casos no solo fue tortuosa y lejana, sino ajustada a una especie de ley no escrita del Gobierno de “tómelo o déjelo”.
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