Por: Elízabeth Romero
Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) deberían dirigir mayores esfuerzos al área de fiscalización de esa institución, aconseja el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Carlos Guadamuz.
Según el anuario 2011 de esa institución, el departamento destinado a la fiscalización solo cuenta con 95 empleados.
Esto es considerado por Guadamuz como insuficiente, si se toma en cuenta las cantidades de cotizaciones por cobrar. Y sobre todo —dijo el abogado del Cenidh— porque según el anuario estadístico de la institución “hay bastante dinero ingresado en inversiones a largo plazo”, lo que representa mucho dinero para recaudar.
La preocupación, según Guadamuz, radica en que ha trascendido del posible interés del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reducción de empleados en esa institución.
“Siempre a nosotros nos sigue preocupando la cantidad de mora de las empresas y la cantidad de los empleadores pues seguimos manteniendo que solamente el 15 por ciento de todas las empresas a nivel nacional están inscritas al Seguro Social”, refirió Guadamuz.
Es por ello, que el funcionario considera que en la propuesta de reforma de la seguridad social se le deben asignar tareas específicas al Ministerio del Trabajo (Mitrab), como lo es velar por mayor acceso al Seguro Social de mayor cantidad de trabajadores.
Esto porque se sigue manteniendo que el 70 por ciento del total de contribuyentes está en los departamentos de León, Chinandega, Matagalpa y Managua.
Para Guadamuz, el anuario tampoco revela ningún avance significativo respecto a género, tanto en cuanto a nuevos asegurados como de las pensiones otorgadas.
Y es que a su criterio, esto es “un indicador muy específico para ir midiendo la equidad de género”, que ha sido incorporado entre los retos del milenio y que estima puede representar una radiografía de la participación de las mujeres en la vida económica del país.
En términos de género la población asegurada mantiene una distribución similar a la del 2010, presentando un 57 por ciento de asegurados hombres y 43 por ciento de mujeres, dice el documento.
El programa de víctimas de guerra y especiales cuenta al final del año 2011 con 28,695 pensionados, 4,265 más que al cierre de 2010, lo que representa un crecimiento de 17.5 por ciento, señala el anuario.
Guadamuz considera que este sector representa “una fuerte presión para el sistema de seguridad social” si se toma en cuenta “que el Estado no asume” la deuda que arrastra la institución.
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