Lucía Navas y Tania Sirias
Dirigentes empresariales estimaron que, con la solución de 50 casos de ciudadanos estadounidenses confiscados, Nicaragua obtiene técnicamente más posibilidades de obtener el waiver.
En tanto, los nicaragüenses han pagado 1,279 millones de dólares en indemnización por los reclamos de propiedad de parte de ciudadanos estadounidenses desde la creación del sistema compensatorio en 1993. 1,104 millones de dólares se pagaron en los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro y Arnoldo Alemán.
Con el expresidente Enrique Bolaños se pagó 103 millones de dólares. En cambio en los cinco años con Daniel Ortega solo se pagaron 72.4 millones de dólares. Pendientes de solucionar hay 193 reclamos de estadounidenses que totalizan 366 casos de propiedad.
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No obstante, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), está claro que en este tema “la moneda tiene dos caras”, donde sabe que el mensaje que espera el Gobierno de EE. UU. son cambios reales en la parte institucional de Nicaragua.
Esos cambios, recuerda Aguerri, empiezan por nombrar a los más de 60 cargos vencidos en el Estado. “Y de manera especial en el Consejo Supremo Electoral que necesitamos devolverle la credibilidad que hoy más que nunca no la tiene”.
EL TIEMPO SE ACABA
Cosep y la Cámara de Comercio Americana (Amcham) creen que técnicamente el país está mejor posicionado para lograr la dispensa de EE. UU., pues la Procuraduría General de la República logró dar respuesta ya a 50 casos de reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses.
Pero el tiempo está en contra para que el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega políticamente actúe como lo demandan los nicaragüenses, señalan Amcham y Cosep.
Aguerri recordó que el 30 de julio próximo es el plazo de EE. UU. para otorgar las dispensas. Pero la meta de Cosep y Amcham es presionar a la Procuraduría para que al 30 de junio tenga resuelta la mayor cantidad de casos pendientes de reclamo.
El líder empresarial advierte que queda poco tiempo para actuar en la parte política, y señala que lo ideal es que antes del receso, en julio de los diputados de la Asamblea Nacional, estén nombrados los cargos pendientes en el Estado.
QUE HAGA PATRIA
Por ello, Yalí Molina, presidente de Amcham, espera que Ortega responda con “responsabilidad como jefe de Estado, a que nuestro país avance en materia de institucionalidad”, tal como se lo demandan Cosep y Amcham en una carta enviada esta semana.
Aunque José Adán Aguerri reconoce el riesgo de que el partido Frente Sandinista, ante la mayoría absoluta que posee en la Asamblea, saque su propia lista de cargos y se nombren los funcionarios sin tomar en cuenta a la Alianza PLI.
“Por eso hemos sido claros en señalar que debe haber un diálogo entre el Gobierno y la segunda fuerza política, del cual resulte un nuevo grupo de magistrados que incorporen a estas dos posiciones políticas y no únicamente de manera unilateral al partido de gobierno”, dijo Aguerri.
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