Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
Luego de verificar su condición migratoria, la Fuerza Pública desalojó ayer a dos familias nicaragüenses y un costarricense que se habían instalado con sus ranchos a orillas cerca de la polémica carretera fronteriza, la cual genera desastre ambiental en el río San Juan.
Otras dos familias nicaragüenses habían abandonado el sitio por voluntad propia, luego de instalarse junto al resto cerca de Tiricias de Pocosol, en el cantón de San Carlos, Alajuela; entre la cuestionada carretera y el nicaragüense río San Juan.
Una patrulla de la policía de Los Chilles llegó a solicitarles a quienes aún se encontraban, que abandonaran el lugar y no hubo contratiempos.
Ahí, los nicaragüenses y costarricense prepararon terrenos, realizaron quemas, delimitaron lotes con estacas y construyeron ranchos con tablones y zinc.
Ellos adujeron haberse instalado ahí por orden de un patrón finquero, a quienes le hacían trabajos agrícolas. Los desalojados son el nicaragüense Rogelio Mendoza, su compañera y dos niños nacidos encosta Rica; el coterráneo Moisés Picado, esposa e hijos y el tico Arturo Retana, según reportes de prensa.
El viceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro había advertido que si estas familias eran nicaragüenses irregulares, serían rechazados el país, tal y como ocurrió.
El canciller Enrique Castillo, calificó este temporal asentamiento como situación inadmisible, “una manifestación más de las acciones del gobierno de Nicaragua que se sirve de terceras personas sin dar la cara” en un intento por llamar la atención de la Corte Centroamericana de Justicia.
“En los últimos días declararon una alerta amarilla por la contaminación en el río, todo eso creando un ambiente favorable para el proceso que en la próxima semana va dictar la Corte Centroamericana de Justicia, que Costa Rica desconoce”, dijo el canciller a Radio Monumental.
“Están listos para presionar a la Corte para que dicte una resolución y luego para explotar cualquier cosa que la Corte dicte contra Costa Rica.
La llegada de (familias) precaristas es una maniobra también que corresponde a las políticas expansionistas de Nicaragua, es inadmisible, tienen que ser erradicadas de inmediato no solamente porque están en condición ilegal en el país, sino porque hay una zona a lo largo de la frontera que pertenece al estado costarricense y que nadie puede estar ahí porque ni siquiera los permisos son posibles”, puntualizó.
