Lucía Navas
El dato debe aclararse porque el INSS reporta 67,000, pero la Asociación de Jubilados afirma que son unos 25,000.
Con el dato exacto se discutirá con la Comisión Económica y el INSS si hay dinero suficiente para otorgar esas pensiones mínimas.
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Báez reclama que para el debate es indispensable que el Gobierno haga público “sin miedos ni veladas intenciones secretistas” el informe Troncoso, que es el estudio base de donde surgen las propuestas oficiales sobre el INSS. “Constataríamos si es cierto que esa propuesta constituye un dechado de fineza actuarial, pero socialmente inviable y financieramente insostenible”, dice el experto. Aún valorando “aceptables” los aspectos básicos de la propuesta de los sindicatos, Báez los cuestiona porque “pecan de diminutas” y “caer en la trampa de centrarse solo en el régimen de pensiones como lo quiere el Gobierno”.
“El fracaso de las pretensiones privatizadoras en materia de Seguridad Social de Arnoldo Alemán y el limbo de indecisiones durante la Administración de Enrique Bolaños, huérfanas ambas de participación nacional, son lecciones claras de lo que ni en broma debe repetirse”, afirma.
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Pasan de las 12:40 del mediodía. Francisca Argüello no ha almorzado. Permanece de pie a la entrada de la delegación José Benito Escobar, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ubicada contiguo a la Asamblea Nacional, en Managua. Este es el puesto donde cada día entre las 8:00 y 9:00 de la mañana llega a pedir limosnas.
Francisca extiende la mano a cada persona que llega a realizar algún trámite en esta delegación del INSS. “Unos me dan, otros no me dan. Me dan un pesito, dos…” La jornada de esta anciana de 89 años de edad termina a eso de las 4:00 p.m. Entonces busca cómo comprar algo para comer con los pocos córdobas que le hayan regalado.
Francisca es una de los miles de ancianos que marchan, hacen huelga de hambre y se toman las instalaciones centrales del INSS en reclamo por una pensión mínima. Serían 2,925.21 córdobas al mes lo que recibiría si se la aprobaran. Ese es el monto de la pensión mínima estipulada por la Ley de Seguridad Social.
Francisca reclama el derecho como viuda de un jubilado a recibir una pensión. Su esposo, Timoteo Vásquez Ortez, trabajó por más de diez años en un programa de entrega de granos básicos que en la década de los ochenta el entonces gobierno sandinista tenía y que era parte de la alfabetización. Al menos es lo que la anciana recuerda.
Francisca llora de nuevo al recordar que hace poco el presidente de la Asociación Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, le comunicó que en el INSS no encuentran los papeles de su esposo Timoteo y por eso su reclamo de pensión no prosperará.
SE NECESITA CAMBIARLO
Gregorio Mejía al salir de la delegación del INSS regaló unos córdobas a doña Francisca. Gregorio gana en promedio unos 8,000 córdobas al mes como marino en el puerto El Bluff, en Bluefields, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Gregorio tiene 38 años. “Pienso que es injusto que quieran que nos jubilemos después de los 60 (años), porque es demasiado tiempo la espera y fíjense que al final uno termina viejo, enfermo y con unos cuantos pesos (de pensión)”.
A Gregorio también le ha ido mal en los reclamos ante el INSS. En su caso no le registran como cotizados cinco de los 11 años que trabajó para una compañía pesquera en El Bluff. “Y si uno reclama nunca dan respuestas”, se queja Gregorio.
Ambos casos resumen parte de la problemática a la que se enfrentan jubilados y asegurados en el actual Sistema de Seguridad Social de Nicaragua.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona al Gobierno para que actúe pronto, pues los números oficiales advierten que en 2017 el INSS enfrentará un déficit financiero y no podrá seguir pagando las pensiones.
El gobierno de Daniel Ortega en el documento “Propuesta de Fortalecimiento del Sistema de Pensiones del INSS” opta por elevar la edad de jubilación a los 65 años, duplicar a 1,500 las semanas de cotización. También aumentar la tasa de cotización, eliminar la pensión mínima y crear una nueva fórmula para calcular la pensión a la que tendrán derecho los jubilados.
SINDICATOS YA TRABAJAN
Ninguna de estas opciones las aceptan los sindicatos oficialistas y los de oposición. El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y del Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), que agrupan a ambas tendencias, trabajan unidos una contrapropuesta de reforma. Esperan tenerla lista entre septiembre y octubre, plazo que se habla iniciará la discusión nacional del tema.
Luis Barbosa, dirigente del FNT, sostiene que “no es negociable” elevar la edad de jubilación, pues considera que si en verdad el promedio actual de vida del nicaragüense es de 74 años, “es justo” “gozar 14 años de una pensión después de haber trabajado la mayoría de tu vida”.
Tampoco aceptan que sean los trabajadores jóvenes los que gradualmente queden en el régimen de los 65 años para jubilación. “No podemos ser egoístas con los jóvenes. Sería obligar a los trabajadores, por ejemplo de una maquila, a trabajar 30 años continuos, en una empresa que cumpla todos las condiciones de higiene y seguridad para que ese trabajador no se enferme y sea obligado a retirarse antes. Esas condiciones no existen en este país”, reconoce.
Son nueve ejes la base de la contrapropuesta sindical los cuales se basan en una reforma integral, eliminar la informalidad laboral, elevar la cuota patronal y que el Instituto sea eficiente cobrando y sancionando a quienes evaden la Ley.
El INSS registra 616 mil asegurados activos hasta abril pasado. Los sindicatos proponen crear un plan agresivo de afiliación que eleve a un millón los asegurados para que inyecte liquidez al Sistema de Seguridad Social. Barbosa dice que esto se lograría incorporando como cotizantes del INSS a los sectores domésticos, del campo, pequeña industria y por cuenta propia como taxistas…
“Se les calcula el pago de acuerdo a su ingreso mensual. No hablamos del régimen Facultativo (existente) sino que por ley haya la obligación de que estos trabajadores también coticen”, insiste Barbosa.
Se exige eliminar el techo salarial de 37,518 córdobas mensuales sobre el cual se cobra la cotización. “Te encontrás tanto en el sector privado y en el Estado gente que gana arriba de cien mil córdobas pagando solo por 37 mil (córdobas). Que se pague sobre lo que realmente uno gana”, dice Barbosa.
Pero previo a discutir las propuestas, los sindicatos exigen que las autoridades del INSS presenten un balance de las finanzas para conocer si efectivamente se requieren reformas. “Pero no hacer una ley ‘chancleteada’, sino una responsable que nos permita tener un Seguro Social que sea manejable”, afirma Barbosa.
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