El Ejército de Nicaragua, que la Constitución Política del país define como una institución “apartidista y apolítica”, figura entre las únicas seis instituciones públicas a las que la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea pretende consultar sobre las reformas a la Ley 40, de Municipios, enviada por el presidente Daniel Ortega, reelecto inconstitucionalmente.
El diputado de la Alianza Partido Liberal Independiente y miembro de la Comisión, Javier Vallejo, asegura que la participación del Ejército en esta consulta de carácter político violaría la Constitución Política, mientras los municipios que serán afectados directamente por las reformas no figuran en la lista de invitados por la Comisión, que preside el diputado aliado al Frente Sandinista, Juan Ramón Jímenez.
El abogado y experto en Derecho Constitucional Gabriel Álvarez coincide con Vallejo en que el Ejército no tiene nada que hacer en la discusión de las reformas.
El artículo 93 de la Constitución establece que el Ejército es apartidista, apolítico y no deliberante, y el artículo 95 le ordena el estricto cumplimiento de la Carta Magna.
Por eso, Álvarez considera que “se podría tratar de una actividad que desnaturalice al Ejército y quién sabe qué será si es el inicio de un proceso de militarización en ámbitos en los que nada tiene que ver esa institución”.
Jímenez no contestó ninguna de las llamadas telefónicas del Diario y el vocero del Ejército, coronel Juan Morales, tampoco pudo ser ubicado.
Álvarez agregó que ojalá la eventual participación del Ejército no se trate de un mensaje que trate de decir a la población que el Gobierno cuenta con el respaldo militar en caso de protestas por las reformas.
En los únicos dos días que la Comisión ha previsto para discutir la propuesta de reformas solo se incluye a seis instituciones y la participación de tres está cuestionada.
Según el cronograma, al que tuvo acceso LA PRENSA, la Asociación de Municipios de Nicaragua, el Instituto de Fomento Municipal y el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) serán consultados el 10 de mayo, y el 17, participarán el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ejército de Nicaragua.
Vallejo también cuestionó la participación del FISE y la CGR, porque según la vocera presidencial, Rosario Murillo, la reforma no afectaría los presupuestos municipales.
“La impresión que me da es que el cronograma se llenó para decir que hubo una consulta amplia, cuando los alcaldes y concejales no figuran y tampoco se toma en cuenta la voz de organismos y expertos en temas de desarrollo local”, reclamó Vallejo.
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