Ing. Hjalmar Ruiz Tückler*
La convergencia de tecnologías está impulsando la competencia en redes y servicios. Los servicios de transmisión vocal por IP (VoIP) permiten a los proveedores de servicios de banda ancha, módem por cable e inalámbricos competir directamente entre sí, además de permitir que nuevos proveedores compitan sin poseer su propia infraestructura de red. Estos nuevos entornos requieren modernos marcos jurídicos. La importancia que tiene para el país modernizar las leyes y reglas que se vienen aplicando en las actividades de telecomunicaciones, requiere que los responsables de fijar políticas y aplicar la reglamentación cuenten con la mayor información y opiniones de los agentes internos y externos al sector.
Establecer leyes para las actividades de telecomunicaciones en la sociedad actual se torna en una actividad compleja, ya que se presentan nuevos parámetros que hacen necesario y hasta obligan a transformar el marco de la regulación tradicional vigente. El objetivo global de una nueva legislación debe ser fomentar el desarrollo del sector y cuidar el interés público. Esto puede producirse como resultado directo, que es lo que ocurrirá si los servicios de telecomunicaciones se ponen al alcance general de los usuarios, o como resultado indirecto, cuando el sector contribuye al crecimiento social o económico general del país.
La operación de las telecomunicaciones, que durante años había estado en manos de monopolios nacionales, generalmente de titularidad y control estatal, en los últimos tiempos se ha caracterizado por importantes cambios y reformas, incluyendo la privatización parcial o total y la liberalización del mercado. La revisión de los modelos tradicionales se ha hecho bajo la presión de sectores económicos y sociales que necesitaban servicios modernos, eficaces, asequibles, de mejor calidad y a menor precio.
El sector está sujeto a constantes cambios. Esta característica implica que la legislación sobre telecomunicaciones debería redactarse de manera que refleje principios y criterios amplios para la acción futura, sin profundizar en disposiciones pormenorizadas sobre los servicios y tecnologías actuales. Una flexibilidad apropiada impedirá que la legislación quede pronto superada por la evolución del sector y permitirá la adaptación de los principios generales a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, si en cada ocasión fuera necesario modificar formalmente la ley, la oferta de nuevos servicios y tecnologías sufriría retrasos indebidos en detrimento de los usuarios y de los proveedores.
Hay que acometer pues en primer lugar la modernización de los diversos instrumentos regulatorios que tienen por objeto las telecomunicaciones en su conjunto o por segmentos, así como de todas aquellas disposiciones normativas que inciden sobre el sector y sobre la regulación que sobre él se proyecta. En este sentido cabe contemplar, junto a una legislación sectorial que compone el sistema normativo de las telecomunicaciones, otra legislación de carácter suplementario (legislación relacionada a la protección del consumidor, leyes de promoción y defensa de la competencia, legislación sobre contratación administrativa o sobre inversiones extranjeras, etc.) que conforma el complemento necesario para definir en su totalidad el marco normativo de las telecomunicaciones.
*Consultor
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