Anne Pérez Rivera
La Constitución Política de Nicaragua, la Ley 502 de Carrera Municipal y hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos son violentados por la Alcaldía de Managua, según coincidieron varios dirigentes sindicales de la comuna capitalina, luego de conocer que para las contrataciones laborales se requiere de un aval del oficialista sindicato Unión Nacional de Empleados (UNE).
“En Nicaragua hay libertad sindical. Ningún trabajador debe ser contratado o coaccionado para pertenecer a un determinado sindicato. Es una violación grave a los trabajadores”, valoró Francisco Martínez, secretario de la federación sindical de trabajadores de la comuna.
Martínez recordó que el artículo 87 de la Constitución establece la libertad sindical “y nadie está obligado a pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato”. La misma Ley 502, de carrera municipal, en su artículo 121 establece como falta grave a la función pública que alguien sea obligado a afiliarse o desafiliarse a un sindicato.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo también garantizan la libertad de sindicalización, agregó Martínez.
Sin embargo, “estas violaciones a la libertad sindical no son nuevas. Desde que llegó esta administración (2009) siempre ha habido favoritismo para UNE y más bien se trata de atacar a los demás sindicatos”, dijo Luis Sánchez, secretario de organización de la Federación Daniel Ortega.
El pasado 30 de enero el director de infraestructura y servicios municipales, Rito Siles, firmó un memo donde especifica que cada solicitud de contratación de personal debe llevar “como complemento” el aprobado de UNE.
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