MADRID/AFP
Con 56 años, la carrera del juez español Baltasar Garzón frenó en seco este jueves por una condena del Supremo por escuchas ilegales, tras una brillante trayectoria en la que ordenó detener a Pinochet, arremetió contra el grupo vasco ETA y osó investigar el franquismo.
De cabello cano, finas gafas y trajes impecables, este pionero de la «justicia universal» ha sido condenado a 11 de años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, en un caso de corrupción que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España. También está siendo procesado por investigar los crímenes del franquismo.
Durante el primer juicio, celebrado a mediados de enero, volvió a demostrar su poder para polarizar a buena parte de la sociedad española entre partidarios y detractores. Diez años después de hacerse mundialmente famoso con la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad, Garzón decidió el 17 de octubre de 2008 abrir una instrucción sobre los cerca de 114.000 desaparecidos del franquismo que acabó volviéndose contra él.
Su intento fue coherente con la trayectoria profesional de un juez que con el caso Pinochet desató un efecto dominó, ya que países como Chile, Argentina y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras. Cómo ignorar a los desaparecidos de la dictadura española, tras haber investigado en España los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), logrando incluso llevar a juicio al ex represor argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2005 a 1.084 años de cárcel.
Hijo de un empleado de gasolinera que creció en la miseria de la España rural de los años 1950, Garzón se forjó una carrera a base de esfuerzo: tras ser becario en secundaria pasó por el seminario antes de encontrar su vocación, el derecho. Nombrado en 1988 en la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), este juez de apariencia tímida, casado y con tres hijos, coleccionó los casos delicados y mediáticos, ganándose por el camino más de un enemigo.
Aunque algunas de sus grandes investigaciones sobre el terrorismo islámico o los traficantes de cocaína gallegos fueron criticadas en los tribunales, el juez logró grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA. Su investigación sobre la financiación de ETA le llevó en 2002 a suspender las actividades del brazo político de la organización, Batasuna, ilegalizada al año siguiente.
Pese a haber tenido un cargo en el último gobierno de Felipe González (1982-1996), eso no le impidió investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado en los años 80 bajo el gobierno socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA.
Esta investigación, que contribuyó a poner fin al gobierno de González, le valió la aprobación de la derecha. La misma que se volvió contra él por haber apoyado las negociaciones de 2006-2007 entre el gobierno socialista y ETA, investigar sobre el franquismo pese a la existencia de una ley de amnistía de 1977 y descubrir en 2009 un vasto escándalo de corrupción que salpicó a cargos del Partido Popular (PP, derecha).
Suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, Garzón se «exilió», como afirman sus allegados, primero como asesor de la fiscalía del Corte Penal Internacional en La Haya y luego como consultor en Colombia.
