Van por “dedazo”

Gloria Picón Duarte

E n el 2008 no se respetó la voluntad popular, más de 40 alcaldes fueron impuestos a la población cuando por arte de magia de un día para otro daban como vencedores a candidatos del Frente Sandinista que en los conteos provisionales perdían las elecciones. Actualmente varios de esos alcaldes impuestos han sido bendecidos con el “dedazo” de la pareja presidencial para que compitan por la administración municipal en las próximas elecciones municipales, pese a que el artículo 178 de la Constitución se los prohíbe y al poco respaldo popular que obtuvieron en el periodo pasado.

Harry Chávez, del programa electoral del Instituto para el Desarrollo de la Democracia, recuerda que el fraude del 2008 fue documentado, constataron que la voluntad popular se cambió dejando a autoridades con un dudoso respaldo popular y que ahora con los recursos de las alcaldías se mantendrán como candidatos para las siguientes elecciones.

Chávez señala que si acaso han conseguido algo de respaldo popular ha sido a base de políticas clientelistas con los mismos recursos del pueblo. “Los alcaldes que se van a reelegir son un gran problema, porque lo que la Constitución establece es que no pueden ser reelegidos en dos periodos continuos, y no es porque sea malo o bueno el alcalde, sino al ser el alcalde y lanzar su candidatura para un nuevo periodo utiliza la gestión que ha realizado como obligación de funcionario para su campaña y utiliza los recursos de los contribuyentes y eso no da igualdad en la competencia”, indicó Chávez.

A criterio de Ariel Terán, miembro del movimiento de alcaldes 9 de noviembre, la estrategia de la pareja presidencial es lograr establecer algún vínculo entre las obras con fondos del Alba y con la reelección de esos alcaldes propiciar mayor abstencionismo desmotivando a la población, porque eso favorece el proceso dictatorial.

Chávez agrega que eso de mantener a los alcaldes que ya fueron cuestionados en el pasado es porque se anteponen los criterios de partido por sobre la población y con ello garantizan continuidad en la línea política.

De los 40 alcaldes sandinistas que fueron señalados de haber obtenido la silla edilicia vía fraude electoral al menos unos cuatro han sido removidos de sus cargos y reemplazados por los vicealcaldes. El último fue Manuel Calderón, quien llegó a la Alcaldía con serios señalamientos de fraude, ya que hubo una inusual anulación masiva de votos que terminó favoreciendo a Calderón y el mismo patrón se dio en el resto de municipios acompañados de una serie de irregularidades.

En sus conclusiones de las elecciones municipales del 2008 el Grupo Ética y Transparencia señala que en más de 100 municipalidades los vencedores proclamados provisionalmente por el CSE, son los correctos, no así en el caso de Managua, en que el conteo de EyT establece una ventaja estimada de 2 a 5 puntos para el candidato de la Alianza PLC. También señaló que unos 30 municipios presentaban resultados que requieren de aclaraciones.

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No deben ir a elecciones municipales

Hasta ahora solo el partido de gobierno ha estado nombrando sus candidatos a alcaldes en cada uno de los municipios y el magistrado presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, ha dicho que en febrero se convocará a elecciones municipales, mientras los otros partidos políticos han dicho que ir a elecciones con el mismo CSE que ha administrado las últimas elecciones señaladas de fraude sería suicidio.

Terán señala que quien se preste al juego de ir divididos en micropartidos a una contienda electoral viciada y amparados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable el artículo 178 que prohíbe la reelección en dos periodos consecutivos de los alcaldes, solo se estaría enfrentando a más de la misma medicina de las elecciones anteriores.

Chávez señala que si los partidos políticos participan con este mismo CSE y sin las mínimas garantías, el partido de gobierno ganaría las 153 alcaldías como ya han manifestado.

Garantías mínimas

Hace uno días el diputado Agustín Jarquín Anaya manifestó que las reformas electorales que tanto han pedido diversos grupos de la sociedad civil, organismos internacionales y partidos políticos para garantizar elecciones libres y transparentes no se darán este año.

José Somarriba, del programa electoral de Ipade, señala que los partidos políticos deben exigir las garantías mínimas que ya están establecidas dentro de nuestro marco jurídico, pero que han sido violentadas por el CSE desde el 2006 y que se ha ido agravando en las elecciones recientes.

Entre las garantías están que en la elaboración del calendario electoral en consulta con los partidos políticos se integren los aportes, además de respetar los tiempos establecidos para que los partidos puedan impugnar en el periodo establecido y no aceptar impugnaciones fuera de tiempo.

Otro punto importante y que fue motivo de protestas sin mucho éxito en el 2011 es el proceso de cedulación, Somarriba señala que desde ya deberían estar abiertos los centros de cedulación municipales.

La acreditación de los fiscales con suficiente tiempo a nivel nacional y en temas específicos también se deben dar garantías. En las pasadas elecciones no hubo acreditación de fiscales de cedulación, padrón electoral y verificación entre otros, además de que los fiscales de los centros de votación fueron acreditados muy tarde, provocando que en un 30 por ciento de las Juntas Receptora de Votos (JRV) no hubiera fiscalización.

Los nombramientos de los Concejos Electorales Municipales, Departamentales y Regionales debe corresponder con los estipulado en el artículo 16 de la ley Electoral donde se mire la proporcionalidad de las fuerzas participantes y no se debe nombrar a partidos que van en una misma alianza.

También el padrón electoral debe ser actualizado y dado a conocer ampliamente. Además de dar a conocer las normativas de impugnaciones, guía paso a paso en tiempo y forma para que los fiscales y miembros de las JRV puedan ser capacitados en su debido tiempo.

Somarriba agregó que en la guía se deben integrar los contenidos que permitan que el proceso sea seguro y tenga un serie de candados que eviten las irregularidades, tales como registrar en las actas las boletas usadas, las no usadas, la cantidad de votos depositados, válidos y nulos, así como el nombramiento de los integrantes de la JRV debe ser dado a conocer a tiempo.

Otro punto es establecer el reglamento de observación electoral donde se integren las prerrogativas y garantías a las que tienen derecho los observadores.

Chávez señala que elegir autoridades locales es una expresión muy representativa de la democracia porque son las autoridades más cercanas y es donde se estrenaron los mecanismos de participación ciudadana incluso antes de la Ley de Participación Ciudadana, porque es el espacio donde se le permite a la ciudadanía mayor control de las autoridades, pero ese mecanismo ha sido afectado con las últimas elecciones.

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