La comisión negociadora que se podría instalar la próxima semana para iniciar la discusión sobre el relevo de unos 35 funcionarios en las principales instituciones del Estado deberá valorar primero qué hacer con los dictámenes que sobre este tema están preparados desde abril del 2010 y que la Junta Directiva de la Asamblea incluyó en la agenda de la Tercera Sesión de la XXVII Legislatura que abrió en agosto de ese mismo año.
Fuentes de la Asamblea aseguraron a LA PRENSA que la instalación de la misma comisión negociadora pasa por esa decisión y que hasta que esta se tome se procedería a la instalación de una nueva Comisión Especial, en vista del cambio de diputados en el parlamento.
642 días tiene el dictamen de mayoría que elaboró la comisión especial, en la que únicamente se prohibía la reelección de cualquiera de los magistrados propietarios y suplentes del CSE, que permanecieron en sus cargos vencidos en contra de la Constitución. Igual suerte ha corrido el resto de dictámenes para los otros 25 cargos.
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- Hablar de consenso para la elección de funcionarios no es posible. Ortega es un dictador. ¿Consenso para reelegir a Roberto Rivas o para repartición de cargos? La sociedad civil espera que no. El PLI no debe ceder eso”.
- Azahálea Solís ,del Movimiento Autónomo de Mujeres y la Unión
- Ciudadana por la Democracia.
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Al menos cuatro de los ocho diputados que integraron aquella primera comisión ya no pertenecen a la Asamblea, porque no fueron reelectos en las elecciones nacionales de noviembre pasado.
El exdiputado del Partido Liberal Constitucionalista y exmiembro de esa comisión especial, José Pallais Arana, confirmó que los dictámenes elaborados se entregaron a la primera secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y esta la incluyó en la agenda que se discutiría en el plenario. Sin embargo, ninguno de los dictámenes prosperó.
La comisión especial preparó cinco dictámenes diferentes para los relevos de la Superintendencia General de Bancos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Contraloría General de la República, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
La principal urgencia de la comisión negociadora será el pronto relevo de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), que incluye a siete propietarios y tres suplentes, demandado para las elecciones municipales de este año que serán convocadas en febrero.
Sin embargo, ahí es donde reside la mayor disputa, pues la oposición no quiere la reelección de ninguno de los actuales magistrados de facto, mientras el FSLN dice que pueden ser nominados.
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