Tania Sirias
El Congreso de Guatemala aprobó ayer la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dejando a Cuba, Nicaragua y El Salvador como los únicos países de América Latina que aún no se unen al sistema de justicia penal.
El Estatuto de Roma se encarga de juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad, hechos que se hayan dado después de la década de los noventa, pues no es retroactivo.
Actualmente, existen 117 Estados Partes a la CPI, de los cuales 27 se encuentran en las Américas.
La Corte solo podrá intervenir si los sistemas legales nacionales no son capaces o no tienen la intención de investigar y procesar a los presuntos responsables.
La CPI ha abierto investigaciones en seis situaciones: la República Centroafricana, Sudán, Uganda, República Democrática del Congo, Kenia y Libia, y ha emitido públicamente 18 órdenes de arresto y 9 órdenes de comparecencias.
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Es decir, que aunque el país ratifique este tratado, no se juzgarán hechos que se hayan dado en la guerra de los años ochenta, durante el gobierno de Daniel Ortega.
¿Entonces cuál es el temor a esta ratificación? El jurista José Pallais señaló que la única razón que tendría Ortega para no ratificar el Estatuto de Roma “es el de cometer delitos contra el derecho internacional y ser juzgado por crímenes de guerra en el futuro”.
RAZONES SIN FUNDAMENTO
Pallais agregó que las razones que ha brindado el gobierno de Daniel Ortega para no ratificarlo han sido sin fundamento, ya que en años anteriores estuvo una misión de la Acción Mundial de Parlamentarios (PGA) a la cual acompañó para gestionar la ratificación.
“Lo que denota es que existe una falta de compromiso de parte del gobierno para cumplir con la justicia penal internacional”.
LA UE LO INCLUYE
El doctor Pallais afirmó que el Acuerdo de Asociación con la Unión Europa (UE) contempla en uno de sus artículos la necesidad de que los países de la región ratifiquen el Estatuto de Roma.
“Lo lamentable es que ha sido el país de Nicaragua que ha pedido que ese punto no se incorpore en el acuerdo de Asociación con la Unión Europea”, dijo Pallais.
El jurista agregó que Ortega no entiende que para unirse a un Acuerdo de Asociación se deben compartir los mismos valores y principios, siendo en este caso el respeto a los derechos humanos, pero no existe voluntad política por parte de este Gobierno.
CCPI SOLICITÓ A ORTEGA A ADHERIRSE
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) —una red mundial integrada por más de 2,500 organizaciones de la sociedad civil— solicitó en 2011 a Daniel Ortega adherirse sin más demoras al Estatuto de Roma.
Nicaragua y Estados Unidos son los únicos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han mostrado reserva a la declaración anual que emite la Corte Penal Internacional,
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional no sustituye la jurisdicción nacional.
Esta es subsidiaria y solo entra a funcionar cuando los aparatos jurisdiccionales internos del Estado no pueden o no quieren llevar adelante los procesos penales en contra de los crímenes de guerra.
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