EE. UU. condiciona la renovación de los “waiver” a países donde ciudadanos estadounidenses hayan recibido del gobierno local una indemnización adecuada y efectiva por sus reclamos de propiedades confiscadas. De julio de 2010 a julio de 2011, 62 casos, pertenecientes a 24 ciudadanos estadounidenses, fueron resueltos por el Gobierno nicaragüense. Aún existen 426 reclamos de propiedad pendientes de solución.
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Lucía Navas
Si el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) no renueva la dispensa o “waiver” a la aplicación de la disposición legal que prohíbe la ayuda bilateral de ese país, toda la cooperación que recibe Nicaragua de los organismos internacionales dejará de recibirse.
Este escenario se convirtió prácticamente en una realidad cuando ayer la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, anunció que su gobierno “
revisará” la cooperación con Nicaragua a raíz d e los fraudes electorales.
José Adán Aguerri, del Cosep, recordó que sin esta dispensa “se vuelve casi imposible tener un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
“Si no hay ese programa con el Fondo es más difícil atraer inversión extranjera (…) Los grandes perdedores seríamos todos los nicaragüenses. La estabilidad macroeconómica tendría un revés”, afirma Aguerri.
Del “waiver” depende que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), sigan aprobando préstamos y sus desembolsos a los programas a Nicaragua. Ambos son los principales organismos de cooperación que tienen el país, luego de la de Venezuela, ante el retiro de buena parte de los países tradicionales que brindaban su apoyo.
Este año tocan dos dispensas, en marzo sobre transparencia presupuestaria y en junio sobre propiedad.
Mario Arana, miembro de la directiva de Funides, expresó durante la presentación del Informe de Coyuntura Económica 2012 , su “preocupación” de que el gobierno de Barack Obama no renueve el “waiver”, como parte de las críticas ante las elecciones de noviembre pasado en que Daniel Ortega resultó reelecto inconstitucionalmente.
Considera necesario que el gobierno de Ortega evite esta situación. La señal a enviar entonces, para Aguerri, es acelerar las reformas electorales, partiendo de cambiar a los magistrados del CSE.
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