Freddy Potoy Rosales
Apesar de que los nicaragüenses vivimos un segundo robo en las elecciones el pasado 6 de noviembre por parte de los integrantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se debe continuar luchando por que se preserven los valores cívicos en el país y no darse por vencido ante los hijos del mal y sus aliados.
El próximo año se realizarán las elecciones municipales y seguramente el FSLN nuevamente pretenderá a través de su sistema corrupto y dictatorial, robarse la mayor cantidad de alcaldías del país, no obstante, seguirá dependiendo de hasta dónde se le permita llegar a una organización política tan dañina como la rojinegra.
Los nicaragüenses en cada municipio deben exigir que los alcaldes y vicealcaldes de cualquier partido político rindan cuentas claras de sus gestiones. Además, la población tiene que demandar explicación a dichas administraciones de cómo algunos de sus empleados que, por ejemplo, ni siquiera devengan oficialmente un salario que ascienda a los 1,000 dólares (por mencionar una cifra), han tenido la posibilidad de ser tan prósperos en estos cuatro años.
No es posible que alguien ponga un negocio, construya una casa, obtenga un vehículo o compre algunas propiedades con el salario bajo como empleado en una alcaldía.
Normalmente un empleado público con bajo salario tiene que asumir gastos de alimentación, servicios básicos (agua, luz, teléfono), educación de sus hijos, atención médica, ropa y zapato, sin incluir los imprevistos. Entonces, ¿de dónde se obtiene ahorros significativos para adquirir otros bienes cuyos costos son elevados?
En varias alcaldías del país, especialmente en aquellas que fueron señaladas de ser obtenidas por el FSLN a través del fraude en el 2008, hay muchos aspectos que poner bajo la lupa de la transparencia establecida en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y determinar mediante auditorías si hay o no responsabilidades administrativas, civiles o penales a todos los niveles, y que cada quien responda por sus actos, según lo establece la ley.
Pero además, los votantes no deben permitir que en sus municipios repita como alcalde alguien que ya fue señalado de asumir la comuna bajo un evidente fraude. Eso no es correcto y atenta contra los valores de una sociedad respetuosa de la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo integral. Es común escuchar: “Es que el jodido a pesar de que se robó la alcaldía, está haciendo su trabajo”. ¿Y qué esperábamos, que no lo hiciera? Precisamente si quería ser alcalde es porque pretendía servirle a la comunidad, asimismo, por su trabajo devenga un salario, así que ¿por qué habrá que hacerle un reconocimiento especial? Además, en muchos casos los alcaldes anteriores al 2008 o el gobierno central que lideraba don Enrique Bolaños, dejaron avanzadas gestiones de proyectos. El colmo sería que no los impulsaran los sucesores.
La oposición debe trabajar arduamente en función de una reorganización de sus agrupaciones políticas y perfilar a sus fórmulas municipales que puedan asumir de manera responsable las alcaldías. Eso significa involucrar en el proyecto municipal a jóvenes y mujeres jefas de hogar, tomando en cuenta sus demandas, y que las incorporen en los planes y presupuestos de la comuna que se discutirán en los cabildos municipales a partir del próximo 15 de diciembre.
Hay que recordar que el artículo 155 de la Constitución Política establece que corresponde a la Contraloría, entre otras cosas, el control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos. Por esta razón es imprescindible exigir cuentas claras.
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