Medidas concretas contra la violencia

Honduras vivió tres días de violencia en solo esta semana que está por terminar con el atentado contra el diario La Tribuna, el lunes, el asesinato de la periodista Luz María Paz, el martes, y el crimen de Alfredo Landaverde, quien fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y crítico de la corrupción policial que se ha registrado en los últimos meses.

Landaverde fue asesinado en Tegucigalpa por desconocidos que se desplazaban en una motocicleta, según el relato de su esposa, la socióloga Hilda Caldera, quien resultó herida de bala en la espalda. La periodista Paz y su acompañante, Delmer Canales, también fueron asesinados por desconocidos que iban en motocicleta.

El gobierno hondureño declaró el lunes “emergencia en materia de seguridad pública” para autorizar por 90 días a los militares a que apoyen a la policía, desacreditada por involucramiento de parte de sus efectivos en el crimen organizado.

Con esta medida, los militares podrán ejecutar allanamientos, capturas, desarmes y todas las funciones de la policía, e incluso podrán actuar contra policías implicados en delitos.

La emergencia se declara “con el fin de reforzar el trabajo de la Policía Nacional en el combate de la violencia y delincuencia que abate al país”, según un texto público.

El jueves el Congreso dio paso a una ley con la que durante los próximos seis meses se limitará el uso de las motocicletas a una sola persona. Esta iniciativa, que meses antes había sido presentada por el diputado Augusto Cruz, de la Democracia Cristiana, fue retomada en consideración tras el asesinato de Landaverde.

Ayer, el Congreso aprobó la creación de una nueva policía que se llamará Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, y estará adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que es presidido por el presidente Porfirio Lobo.

Además, en adelante se permitirá a las autoridades judiciales intervenir las telecomunicaciones a través de la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones. Esta última se aprobó en una sesión a puerta cerrada, luego de que varios de los diputados recibieran mensajes de texto con amenazas que suponen provienen del crimen organizado, que según investigaciones cuenta con oficiales de policía entre sus miembros.

La nueva ley es rechazada por algunos sectores políticos, empresarios y dirigentes de organismos de derechos humanos, entre otros, que consideran que se violentará la privacidad de las personas.

CORRUPCIÓN POLICIAL

El involucramiento de policías en narcotráfico, robo de vehículos, secuestros, sicariato, cobro de ‘impuesto de guerra’ y otros delitos saltó a luz pública luego de que el 22 de octubre ocho policías mataran a dos universitarios.

El secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, expresó el jueves que hay criminales que estarían buscando a los asesinos de los estudiantes universitarios antes de que sean capturados, para evitar que sean interrogados y den testimonio de los hechos.

Desde el 1 de noviembre, Lobo sacó los militares, unos 11 mil efectivos, de sus cuarteles y los envió a las calles de las principales ciudades para ayudar a la Policía en la lucha contra el crimen, bajo la denominada Operación Relámpago, por la que el mandatario asegura que ha bajado el índice de criminalidad.

El 2 de diciembre, el mandatario informó sobre una depuración que se realizará a la Policía, para tratar de recuperar la confianza de la población en esa institución.

Los embajadores de la Unión Europea, Estados Unidos y el G-16 (Grupo de países cooperantes con Honduras) expresaron su preocupación y repudio por la violencia que sacude al país. El director del diario La Tribuna, Adán Elvir, expresó esta semana que “es difícil afirmar con certeza que los atentados contra periodistas y medios de comunicación vienen de la delincuencia común, el crimen organizado o la delincuencia institucionalizada que opera a través de algunos policías”.

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