AP
Sondeos recientes de la firma Parametría encontraron que 1.6 millones de mexicanos se han mudado por la violencia de las drogas desde 2006. Un estudio del Centro de Observación de Desplazados Internos, con sede en Ginebra, calculó el número en 230,000 en 2010 y estimó que la mitad de esa cifra huyó a Estados Unidos.
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Rafael Echevarría tenía un empleo estable en una fábrica, una vivienda modesta y suficiente dinero para llevar ocasionalmente a su familia a comer a un restaurante de McDonald’s.
Llevaba una buena vida hasta que la guerra de las drogas estalló en Ciudad Juárez. A eso se sumaron dos robos en los que los ladrones ingresaron a su casa, un grupo de extorsionadores lanzó una amenaza a la escuela donde estudiaba su hija y quienes al final atacaron a disparos el autobús de la institución.
Cuando comenzaron los disparos, Valeria, de 6 años, se lanzó al piso, rompiéndose un diente. Le salió tanta sangre de la boca que sus padres pensaron que la niña había recibido un tiro. Al día siguiente, Echevarría, su esposa y sus dos hijos, abordaron un vuelo de regreso al sureño Veracruz, su estado natal. Algo similar han hecho otras 1,600 personas que alguna vez emigraron al norte en busca de empleo en las “maquiladoras” (plantas extranjeras de ensamblaje) y que luego regresaron al sur en busca de seguridad.
El gobierno del estado de Veracruz pagó los vuelos y garantizó a los refugiados de la guerra del narcotráfico que tendrían empleos, educación y vivienda.
En aquel momento, los Echevarría pensaron que aquella era la única solución, pero la violencia los siguió hasta Veracruz. Un año después de su huida, los Echevarría no han recibido la ayuda prometida.
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