Por Tania Sirias
Todo hace indicar que la elección o ratificación de los 35 funcionarios con cargos vencidos obedecerá a los intereses del partido de gobierno, expresaron diputados consultados por LA PRENSA. “Lo que el Frente Sandinista busca es tener el control de todos los poderes del Estado, por eso se cometió el fraude más grande en la historia del país”, expresó el diputado José Pallais, presidente de la comisión de Justicia en la Asamblea Nacional.
Afirmó que esto aumentará la situación de ilegalidad en las instituciones de Estado y se profundizará cada día más el descalabro legal en Nicaragua, convirtiéndose en un Estado de hecho.
“Vemos que en el país la Constitución no tiene validez y esto continúa sin importar al Ejecutivo, incrementando con esto la falta de confianza, un país sin ordenamiento legal”, criticó Pallais.
Asimismo dijo que ha habido una falta de interés de parte del Frente Sandinista para no nombrar a estos funcionarios, pues ahora cuentan con 62 diputados en la próxima legislatura, donde tendrán una mayoría calificada.
“Ahora tienen más de 56 diputados —que es lo que se necesita para una mayoría calificada— y podrán reformar la Constitución y la única forma de oposición será salir a protestar a las calles”, consideró Pallais.
Por su parte, el diputado Maximino Rodríguez manifestó que la Constitución Política es muy clara, donde establece cuáles son los requisitos para poder acceder a estos cargos públicos y la principal es que si un candidato es directivo de una organización política, este debe cesar en esos cargos. En el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe tener al menos 10 años de ejercicio profesional.
Otra de las opciones, dijo el diputado Indalecio Rodríguez, es nombrar ciudadanos probos de las organizaciones de sociedad civil. “La Alianza PLI también debe presentar su lista con personas honestas y profesionales”, indicó.
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