Por Josué Bravo
CORRESPONSAL/COSTA RICA
La Sala I de la Corte Suprema de Justicia ratificó la anulación de la concesión ambiental al proyecto Crucitas, al resolver los recursos de apelación presentados por la empresa minera a un fallo adverso dictado por un tribunal hace un año.
En noviembre del año pasado el Tribunal Contencioso Administrativo, tras un prolongado juicio, anuló los permisos ambientales al proyecto minero ubicado a unos tres kilómetros del río San Juan, donde la empresa canadiense Industrias Infinito pretendía extraer cerca de un millón de onzas de oro a cielo abierto.
Tras el fallo del Tribunal, la empresa e instituciones allegadas presentaron varios recursos de apelación pero esta mañana la Sala I los rechazó.
“En sentencia número 1469 de las 9 horas del 30 de noviembre, la Sala Primera declaró sin lugar los recursos de casación”, informó el Poder Judicial al informar sobre el rechazo de los recursos y añade que se mantiene en firme lo dictado por el Tribunal en noviembre del año pasado.
El caso Crucitas recobró relevancia hace unas dos semanas cuando salió a luz pública que un magistrado Suplente de la Sala I, había filtrado a representantes de la minería el borrador de sentencia donde se rechazaban los recursos.
Ahora el tema se vuelve más polémico porque la Fiscalía indagó a 10 funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por los permisos ambientales, al parecer al margen de la ley, que habrían dado a Industrias Infinito. La fiscalía busca determinar si los investigados “aprobaron o no varias resoluciones contrarias a la Ley, tendientes a que se otorgara la viabilidad ambiental de la extracción minera a la compañía Industrias Infinito”.
El ex presidente Oscar Arias, quien durante su segundo mandato (2006 – 2010) respaldo el proyecto minero y hasta giró un decreto que lo declaró de interés nacional a pesar de ubicarse en áreas protegidas con especies en vías de extinción, se puso a las ordenes de la Fiscalía.
Ya el fallo de hace un año del Tribunal Contencioso había sugerido a la fiscalía abrir una causa penal al ex mandatario. «No conozco a fondo la sentencia de la Sala I en el caso Crucitas. Sin embargo, este es un tema que la Fiscalía ha venido indagando desde hace mucho tiempo. Si eventualmente se considera que yo pueda ayudar a esclarecer sus investigaciones, como siempre, estaré en la mejor disposición de hacerlo», dijo Arias en su cuenta de Facebook.
«La firma de un decreto es la culminación de un proceso que abarca innumerables instancias técnicas y legales de oficinas y departamentos del gobierno, en este caso, tanto del MINAET (Ministerio de Ambiente) como de la Casa Presidencial, cuyos funcionarios proporcionaron sus criterios técnicos y jurídicos», añadió.
