SAN JOSÉ/AFP
El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, afirmó este que a su país no le preocupa que Nicaragua lo denuncie ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por la construcción de una carretera en la la zona del fronterizo del río San Juan.
«No nos preocupa que el presidente (Daniel) Ortega nos lleve a la Corte, más bien lo veremos como una oportunidad para ampliar la discusión», dijo el canciller costarricense en declaraciones a radioemisoras locales.
Castillo calificó de «una cortina de humo» el anuncio que hizo el viernes el presidente nicaragüense, según el cual su país denunciará a Costa Rica porque, aunque la obra se construye en territorio costarricense está, dijo, cometiendo un «verdadero crimen contra la naturaleza».
«Si nos llevan a la Corte tendremos la oportunidad de discutir otros asuntos reacionados con la frontera y con el medio ambiente», agregó el funcionario costarricense.
Ortega considera que Costa Rica «está obligada a comunicarle a Nicaragua» el proyecto de construcción de la carretera porque según él se realiza en la zona de amortiguamiento de la ribera del río y «empieza a ser devastado».
La construcción de la vía, de unos 130 km y que une a varios pueblos del norte de Costa Rica, es otro episodio por la disputa limítrofe que ambos países mantienen, a raíz de obras de dragado que realiza en el río Nicaragua y que según Costa Rica le han causado perjuicios ambientales, lo que Managua niega.
«Acudiremos a la Corte a hacer la defensa correspondiente y a plantear otros asuntos en los que Nicaragua, muy lejos de preservar el ambiente, lo está amenazando seriamente con perjuicio muy claro para Costa Rica», dijo Castillo.
Costa Rica también acusó a Nicaragua de haber invadido con soldados en su territorio, pero Managua asegura que sus soldados estaban en suelo nicaragüense.
El conflicto está en manos de la CIJ, la cual en marzo pasado dictó medidas cautelares, entre ellas, que ninguno de los dos países debe tener presencia militar ni civil en la zona en disputa, excepto ambientalistas costarricenses previo acuerdo con Managua y la Convención Internacional para la Conservación de Humedales (Ramsar).
