En el contexto actual de destrucción total del equilibrio del poder, viene a la memoria la afirmación de Montesquieu, de que todo estará perdido cuando todos los poderes del Estado, se concentran en las manos de un solo hombre. Pero no todo está perdido. Es posible rehacer la institucionalidad democrática. Pero para ello se requieren varias condiciones. Entre ellas, que el sector privado organizado, asuma su responsabilidad política empresarial.
Nadie discute que las organizaciones empresariales no deben de participar en política partidista, pero ello no niega que tienen responsabilidad en el objetivo último de la política: alcanzar el bien común, en el marco de un sistema democrático. Ello es incluso necesario para los intereses estratégicos del sector privado. El poder absoluto en manos de una sola persona, es contrario al clima de negocios y aumenta el riesgo país.
El Cosep, a pesar de su retórica a favor de la institucionalidad, ha contribuido a consolidar el poder autoritario. Ha sido el mejor propagandista —junto con el FMI y el BID— de un supuesto gran éxito económico bajo el gobierno actual. Ello a pesar de que la tasa de crecimiento promedio del PIB en el período 2007- 2011 es menor del tres por ciento y a pesar que el PIB per cápita y las exportaciones per cápita, en valores constantes, son menores de las de hace 35 años. Aunque no haya sido esa la intención, objetivamente, el Cosep, el FMI y el BID, han colaborado en la destrucción de la institucionalidad democrática.
Nadie niega que el principal responsable de la debacle institucional es la clase política. Pero hay sectores empresariales que son también responsables. Entre ellos, los que han apoyado a políticos con un historial de corrupción o quienes han apoyado a quién ha violado sistemáticamente la constitución de la República.
Dada la debilidad de la clase política, la única posibilidad actual para restablecer el equilibrio del poder y el Estado de Derecho, radica en que no solo la Iglesia católica y los organismos de la sociedad civil, presionen para rehacer la institucionalidad, sino que a ello se sumen las organizaciones empresariales y la comunidad internacional. Solo en este contexto, las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía, podrían tener efectividad.
El objetivo no debe ser la ridícula propuesta de que se nombren clones sustitutos de los actuales magistrados de facto y borrón y cuenta nueva. El objetivo es rehacer la destruida institucionalidad, lo que requiere convocar a una nueva elección de autoridades supremas, con nuevas autoridades electorales. La clase política debe también hacer su parte: los diputados de la Alianza PLI no deben de asumir sus escaños. No debe crearse un nuevo zancudismo, lo que también requiere que terminen de desaparecer, el PLC, PC, ALN y Apre.
El objetivo de reconstruir el Estado de Derecho, es posible. El orteguismo es vulnerable. Aún con la ayuda venezolana, Ortega no tiene ningún margen de maniobra para afectar seriamente al sector privado ya que destruiría la economía, con lo que se destruiría así mismo. Lo del socialismo es un mito. No puede cambiar el sistema económico capitalista de libre empresa. Es el sector empresarial, quién tiene el mayor poder económico en Nicaragua. Otra debilidad del orteguismo radica en que se trata de una gerontocracia, y el relevo generacional, en el mediano plazo, es inevitable.
Solo el poder detiene al poder. Los factores reales con poder, deben presionar conjuntamente, para alcanzar una verdadera institucionalidad. Tarea que debe ser no solo de la Iglesia y de la Sociedad Civil. Se requiere también de la responsabilidad política empresarial y del firme apoyo de la comunidad internacional. Si ello no ocurre, en ese caso, todo estará perdido, como dijera Montesquieu. El autor es economista
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