He querido titular este escrito con los versos profundos de Antonio Machado, pues creo que ellos nos indican, también para la historia, que los caminos se hacen caminando, y que el futuro se construye con las acciones del presente. En algún sentido las elecciones del pasado 6 de noviembre nos inducen a la reflexión, sobre todo después de escuchar los primeros resultados dados por el Consejo Supremo Electoral, a la medianoche del seis y en las primeras horas de la mañana del día 7, en el que me dispongo a escribir mi artículo dominical para LA PRENSA.
Dos aspectos resaltan de las informaciones y comentarios que en torno al proceso electoral se están haciendo: las irregularidades que han sido denunciadas, y la ventaja inmensa que se le atribuye a la alianza del partido de gobierno, tanto en lo que concierne al Presidente y Vicepresidente de la República, como a la elección de diputados nacionales, departamentales y al Parlacen.
La situación general de lo observado, y escuchado, deja el sentimiento sombrío de nuestro ejercicio político y de la posibilidad de dar un paso adelante en la construcción del camino de la democracia, el Estado de Derecho y la alternabilidad en el poder.
De alguna manera se reafirma la idea de que el futuro es el pasado que regresa y que el tiempo circular determina el eclipse de las posibilidades nuevas para Nicaragua. El tiempo circular de nuestra historia política que con diferentes actores repite las mismas situaciones, obedece a una serie de factores entre los que podrían mencionarse, la ambición personal de poder, la debilidad de las instituciones, y la conciencia crepuscular que predomina en el ejercicio de la política. Junto a esto, y sobre todo, la manipulación de la ley por el poder cuyo objetivo no es solo violentarla con actuaciones arbitrarias, sino encubrir estas con un ropaje de aparente legalidad que haga de la ley no tanto el obstáculo a destruir, sino el instrumento para engañar mediante la apariencia de legalidad y de respeto a sus mandatos.
Si llegan a confirmarse, como seguramente ocurrirá, los primeros resultados, el presente y el futuro de la democracia en Nicaragua se ensombrecen, pues se reafirmaría la continuidad y concentración de poder alrededor de una persona, lo que ya de por si es un factor negativo, sobre todo si a esto se agrega que esta persona ha estado ligada al poder, de una u otra forma, por más de treinta años, que por tercera vez ejercerá la Presidencia de la República, en esta ocasión, a partir de una candidatura prohibida por el artículo 147 de la Constitución.
Si a esta circunstancia agregamos que según las primeras informaciones del Consejo Supremo Electoral, el partido de Gobierno obtendría alrededor de 60 diputados en la Asamblea, resulta que con ese número podría decidir solo, no únicamente la aprobación de leyes ordinarias que exige la mayoría de 47 votos, o de la mitad más uno del quórum, sino la reforma parcial de la Constitución que requiere del 60 por ciento, o sea 56 votos.
La consolidación de estos resultados produciría una concentración de poder sin precedentes, lo que nunca es recomendable para la vida de la democracia, y abriría la posibilidad de la reforma parcial de la Constitución a fin de afirmar un poder personal autoritario apoyado por la misma Constitución, es decir un sistema autocrático institucional.
Si partimos de la experiencia de estos cinco años de gobierno, podemos observar algunas tendencias que nos permitirían formular a manera de hipótesis el sentido y la intención de estos cambios que eventualmente se pretenderían realizar. En efecto, el Gobierno intentó desde el año 2007, la reforma del artículo 147 de la Constitución, para establecer el derecho de la reelección indefinida. Ante la imposibilidad de obtener los 56 votos, optó por la vía de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que en octubre de 2009, a mi juicio sin un verdadero sustento legal, declaró inaplicable este artículo. Luego la Corte Plena ratificó lo aprobado por la Sala Constitucional, dándole a la sentencia una validez general, erga omnes.
En otro momento se trató que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) fueran considerados instituciones de carácter público, órganos del Estado, creados mediante decreto del Presidente de la República. En este caso, la Corte resolvió que estos Consejos pueden ser creados por decreto ejecutivo, pero no pueden ser considerados órganos del Estado, instituciones de derecho público.
De la misma manera, aunque sobre esto no hubo proyecto de ley ni resolución de ningún tipo, se mencionó a inicios del periodo de gobierno, la necesidad de transformar el sistema presidencial en una especie de sistema parlamentario neocorporativo, en el que los CPC, asumiendo que fueran instituciones del Estado, serían garantes y actores de la democracia directa y participativa.
También se ha hablado, aunque sin llegar a realizar un planteamiento estricto sobre el asunto, de sustituir la teoría de la separación de poderes, por un sistema que reafirme la soberanía popular, mediante la decisión de darle un carácter constitucional al poder popular, no solamente como fuente del mismo, sino como único e indivisible poder, el que en la práctica sería ejercido por el Presidente de la República en tanto Jefe de Estado.
Todas estas ideas, de llegarse a realizar, cambiarían el Estado y el sistema jurídico constitucional, lo que sería muy grave para la supervivencia de la democracia, y aunque si bien no se puede pensar que los sistemas políticos son inmutables, tampoco puede asumirse que se puede progresar regresando a la autocracia y la concentración de poder. Es un contrasentido suponer que se puede avanzar caminando hacia atrás.
La situación que está viviendo el país exige replantear el funcionamiento integral del sistema político nicaragüense, a fin de superar el círculo vicioso en el que Nicaragua se encuentra atrapada sin posibilidad, hasta hoy, de superar el autoritarismo y la concentración de poder. Se requiere por tanto un cambio cualitativo en los partidos políticos que hoy presentan un funcionamiento caudillesco y anacrónico; la democratización interna de los mismos que permita la renovación de los liderazgos; la formulación de propuestas que atiendan a los principales problemas del país; su mayor integración con la sociedad que haga de ellos verdaderos vasos comunicantes entre lo político y lo social y no cúpulas aisladas preocupadas y ocupadas únicamente en los pactos para la repartición de poder y de cargos públicos.
Es necesaria también una sociedad civil cada vez más integrada y participativa, que ejerza un verdadero control social sobre el poder público y los partidos políticos, y que pueda llegar a constituirse en una verdadera asamblea de ciudadanía, base y sustento de una auténtica democracia.
Todo ello orientado a contribuir a la desconcentración del poder, a la superación del mito del líder insustituible y del culto a la personalidad, al fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas sociales, como requisito para la consolidación de la democracia participativa y representativa, es decir, de una verdadera democracia integral. Jurista, filósofo y escritor nicaragüense.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
