El informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, sin duda alguna retrata el monumental fraude electoral orquestado desde hace un buen tiempo por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), situación que hemos venido denunciando durante los últimos años.
Solo los tiranos y sus seguidores oportunistas sin sentido de responsabilidad por el desarrollo integral de una nación, pueden considerar que unas elecciones plagadas de actos reñidos con la ley, son transparentes.
Este es el caso de Nicaragua donde el inconstitucional candidato del partido de la violencia y la corrupción, Daniel Ortega, quiere hacer creer a la población y a observadores internacionales que ahora más del 60 por ciento de la población es seguidora de un caudillo que en menos de cinco años, además de dar migajas en el marco de su clientelismo político a los más pobres, ha atropellado los derechos fundamentales de los nicaragüenses, la institucionalidad y la democracia.
En este mismo periodo el millonario caudillo izquierdista que amasa una gigantesca fortuna producto de los negocios al amparo de las instituciones del Estado nicaragüense con su socio, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, ha “basureado” a importantes donantes de la comunidad internacional, quienes ante los insultos, la corrupción y la falta de respeto a los principios democráticos, han retirado su apoyo.
En el comunicado de prensa emitido ayer por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, se puede leer que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es muy poco independiente y ecuánime, que no ha cumplido con su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos políticos.
Asimismo señala el doble rasero (del CSE) utilizado en la acreditación de los grupos observadores nacionales, pues en este caso, el funcionario de facto Roberto Rivas Reyes (a quien le molesta ver publicado en LA PRENSA su sucio legado) le negó la participación a Ética y Transparencia (EyT), al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.
La misión europea también señala las dificultades experimentadas por la oposición para acreditar a sus fiscales. Igual expone el poder absoluto del partido de Ortega en los centros de votación de unos coordinadores (en JRV) nombrados a última hora, una figura no contemplada por la Ley y no sujeta a la fiscalización de los partidos políticos.
Los observadores internacionales de la UE constataron con preocupación que solo el 63 por ciento de las juntas observadas (de 559) merecieron una valoración positiva en la fase de recuento, en algunos casos a causa de decisiones de anulación discriminatorias a favor del FSLN.
La UE resalta que el CSE coartó los derechos de los observadores nacionales negándose acreditar a dos organizaciones críticas con la gestión del proceso y emitiendo un reglamento de “acompañamiento” de naturaleza muy restrictiva.
Otro punto importante que destacan los europeos es que hay un problema extendido en la emisión de cédulas de identidad, cuya distribución ha sido dejada en muchos casos en manos de cuadros del FSLN y de miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
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