Por Ramón H. Potosme
Llegó el voluntario a la oficina departamental del Ejército en Matagalpa. Se identificó como miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y el oficial le rompió la solicitud de información.
Luego le advirtió que no llegara nuevamente porque esa organización era influencia del imperialismo yanqui. Esta actitud se repitió en todo el departamento, según el monitoreo sobre el cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública que reveló dicha fundación.
El monitoreo indica que hubo trabas a la ciudadanía en el 60 por ciento de las solicitudes. Dicha cifra aumenta cuando se trata de ministerios e instituciones estatales.
El estudio siguió 95 solicitudes de igual número de voluntarios, entre los que destacaban algunos periodistas de nueve municipios del país. Según el informe las instituciones autónoma son más abiertas a la entrega de información, como las alcaldías, la Policía y el Ejército.
Sobresalen los municipios de Diriamba y Jinotepe entre esos, mientras que en Managua y Matagalpa la respuesta fue casi nula a las solicitudes.
“Esta Ley es víctima de la cultura del miedo que este gobierno intenta institucionalizar. Por un lado vimos periodistas echándose para atrás y funcionarias que por miedo no brindaron la información”, dijo Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación.
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