Por Lucía Vargas
Dijo que en su caso él pagó 2,500 dólares por su concesión. Los aludidos habrían viajado a Managua, a la Corte, para tratar de revertir la situación.
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La Corte Suprema de Justicia dio lugar al recurso de amparo que interpuso el dirigente de una de las cooperativas de taxi de Granada por la aprobación de 120 placas nuevas, cuyo proceso de licitación fue criticado por supuestos actos de corrupción de algunos miembros del Concejo.
Este recurso fue contra el alcalde Eulogio Mejía, y los concejales Otto Navas, Margarita Molina, Jaime Ramírez, Félix Vega, Carla Canales y Wilmer Reyes.
Los tres sandinistas se salieron de la sesión y se abstuvieron de votar.
La cédula judicial fue entregada el martes por la noche y puso fin a una lucha de 18 meses que había librado este gremio, desde marzo del año pasado, cuando en sesión extraordinaria aprobaron la concesión de placas.
La cédula judicial dice textualmente que “deja sin ningún efecto el punto número seis del acta numero cinco del día 26 de marzo del 2010, realizada en sesión extraordinaria número dos del CM de Granada, que se ha hecho mérito”.
El abogado Ernesto Zambrana, asesor legal de las cooperativas Carlos Núñez Téllez y La Gran Sultana, cuyos presidentes rechazaron esta aprobación por considerar que todo el proceso fue ilegal y careció de transparencia, dijo ayer que el punto medular es que las placas se aprobaron con siete votos y se requerían ocho.
“Con esta cédula la CSJ declara nulo todo lo actuado por el CM en donde autoriza estas placas, esto queda sin valor legal”, sostuvo Zambrana. Rigoberto González, presidente de la cooperativa La Gran Sultana, dijo vía teléfono que solicitarán que la Policía de Granada retire a los 105 taxistas que andan trabajando ilegalmente.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
