Una vez más el presidente Daniel Ortega apuñala a la institucionalidad de Nicaragua. Esta vez le corresponde a la Policía Nacional ser víctima de las ansias de poder que tiene la familia gobernante y su partido. Sin embargo, igual o peor responsable de romper con la legalidad en este órgano del Estado es la señora Aminta Elena Granera Sacasa, quien acepta (no sabemos las razones de fondo) atropellar el marco legal que la institución venía construyendo desde que doña Violeta Barrios de Chamorro recobró la democracia para el país. En el 2006 Granera juró públicamente cumplir la Constitución y la Ley 228, pero ahora eso no le importa.
Como acertadamente expone el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), la decisión de Ortega “viola la letra y el espíritu de la Ley 228 o Ley de la Policía Nacional”, así como el principio de legalidad “que establece que los funcionarios públicos solamente pueden actuar en el marco de la ley, y ningún funcionario(a) o ciudadano(a) está obligado a actuar contra ley expresa. Por tanto, el presidente de la República no debe violentar la ley, ni la comisionada Granera acatar una orden que está fuera de la ley”.
De este atropello a la legalidad que sufre una institución que había alcanzado mucho respeto, después de ser un órgano represivo del Estado sandinista en los ochenta, surgen también otras inquietudes que tienen que ver con el personal así como con asuntos administrativos y financieros.
Según lo que históricamente se había hecho en el marco de la institucionalidad y la democracia, la cantidad de grados se correspondía a los cargos. La estructura dentro de la Policía era piramidal, pero no militar, es decir, jerárquica pero con una horizontalidad de funciones.
Cabe recordar que la estructura orgánica, de grados y cargos, respondía a la carrera profesional de los policías establecida en la ley aprobada por el parlamento, conjugado con los años de servicio y de edad de los mismos. Esto implicaba tener un celoso cuidado con el incremento de la plantilla y cargos.
No todos los de un nivel inferior ascienden simultáneamente porque la estructura se debe ir cerrando en la medida en que va subiendo. En consecuencia, por la cantidad de policías, no cabe aumentar a tantos oficiales generales.
Si hay ascensos es porque debe funcionar la puerta de egresos: retiros (para los que todavía no tienen la edad de ser jubilados pero que ya han cumplido sus años de servicio) y jubilados. El ascenso de los nuevos comisionados generales sin que esto implique un relevo en la Policía, es consecuencia de una decisión de Ortega a través de un decreto que violentó la Ley 228 en el 2008.
A Ortega parece no importarle, o al menos no se tomó la molestia de reflexionar, que nuevos grados implican más presupuesto y que se tiene que proyectar en la política de personal para efectuar ingresos, ascensos, retiros y jubilaciones.
Dinero para más grados policiales y lo que eso conlleva, implica incrementar el presupuesto, y por tanto, pagar más impuestos. Desde luego, esto no cabe en la cabeza de Ortega porque está acostumbrado a gobernar con manu militari y no desde el punto de vista técnico ni apegado a la legalidad. Seguro cree que siempre tendrá las bonanzas que le generan los negocios con su amigo Hugo Chávez y por eso pasa por encima de la legalidad.
Ahora con 12 comisionados generales y desprestigiada por el caudillo Daniel Ortega, la Policía con Granera al frente se convierte en un enano cabezón que causará muchos problemas en el futuro cuando se recupere la institucionalidad.
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