El inspector de la Policía, comisionado general Juan Báez, prefirió esperar para referirse al tema pues alegó que estaba dedicado a las actividades de aniversario de la institución.
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Por Elízabeth Romero
“Perseguidos por la Policía”: así dijo sentirse José Salazar Calderón, delegado de la Asociación del Ministerio de su Gloria; él y los pastores de esa denominación religiosa situada en Masaya.
El año pasado fue allanado el templo en Villa Betania, donde se congregaba su hijo, pese a que este había sido detenido bajo engaño y hasta invitado por los policías a almorzar juntos.
Salazar Calderón se presentó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que le brinda acompañamiento para insistir en una investigación en el caso de su hijo Raití Ayapal Salazar Canales, declarado culpable en dos casos por separado y que, según sus familiares, están basados en investigaciones policiales presuntamente plagadas de vacíos y contradicciones.
“Podemos estar expuestos a que otras iglesias sean allanadas y yo espero solidaridad de los demás pastores en ese caso, porque hoy nos tocó a nosotros que estamos legalmente constituidos (…) mañana pueden ser otros”, comentó Salazar Calderón.
Pablo Cuevas, funcionario de la CPDH, dijo que en los próximos días introducirán una solicitud de revisión ante los Tribunales de Apelaciones de esa zona por los dos casos en los que Salazar Canales fue vinculado de forma anómala.
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