Por Elízabeth Romero
La primera comisionada Aminta Granera “ha entrado ella y la Policía en el saco de la ilegalidad”, en el cual el presidente Daniel Ortega ha introducido a varias instituciones del Estado, estimó hoy la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Núñez coincidió también con el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional,diputado José Pallais, al señalar que un decreto ejecutivo no puede estar por encima de la Ley 228, ley orgánica de la Policía Nacional, que establece el período de cinco años para el cargo de director de esa institución. Independiente de los méritos que podría tener la primera comisionada Granera, lo importante es que “el artículo 88 de la ley orgánica de la Policía es clarísimo no admite interpretaciones”, sostuvo Pallais.
El mismo artículo expresa “que el período del director general es de cinco años y que vencido ese período el director que lo ejerza pasará a retiro eso se hace y se hizo en su momento como un desarrollo de un principio importante, en la Constitución de Nicaragua donde está recogido que es el principio de la periodicidad de los cargos, es decir los cargos de poder son limitados en el tiempo, solo en el período que se le nombra; no pueden arbitarriamente prolongarse o prorrogarse porque estaría rompiendo una importante regla”, dijo Pallais.
Por su parte Gonzalo Carrión, funcionario del Cenidh recordó que este es parte “del sometimiento a la voluntad del jefe de gobierno… que está por encima del orden constitucional”.