En un país donde sus autoridades —comenzando por el presidente de la República— son respetuosas de la ley, la institucionalidad y la democracia, los funcionarios públicos actúan acatando el mandato constitucional que le corresponde desempeñar por la bienandanza de la nación.
En este sentido cabe destacar que en Nicaragua esto no ocurre sino a conveniencia del presidente de la República, Daniel Ortega, de los funcionarios de su partido político y de sus aliados, quienes básicamente pertenecen al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo caudillo Arnoldo Alemán Lacayo, a pesar del esfuerzo que hace por hacer creer que ya no pacta con el mandatario, en la práctica ocurre lo contrario.
Con los distintos escándalos de corrupción que involucran a funcionarios de la Administración Ortega, todos deberían tener causas penales en proceso y/o algunos estarían en la cárcel cumpliendo penas; muchos otros con responsabilidades civiles y/o administrativas, con las correspondientes consecuencias de carácter pecuniario en favor del Estado.
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Sin embargo, cada vez que se demuestra en los medios de comunicación un hecho de corrupción, debidamente documentado, el mandatario es el primero en proteger a sus pillos. En ese momento nuevamente se activan los mecanismos del pacto para que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Contraloría General de la República (CGR) no se den por enteradas y en el peor de los casos que conozcan de los hechos, estos son engavetados en los escritorios.
A la Fiscalía y Contraloría se suma la ya agrietada actitud partidaria de la Policía que no vela por los intereses nacionales, sino por los de los militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es decir, la Policía es el órgano coercitivo del Estado que solo tiene ojos para ver las cosas buenas de los orteguistas y las “cosas malas” de quienes no son de esta agrupación.
La Fiscalía y la Policía casi siempre se están justificando para no actuar, lanzando la responsabilidad a los contralores, quienes de momento son funcionarios de facto, es decir, al margen de la ley, pero que por capricho del presidente Ortega actúan o dejan de actuar en sus puestos.
Por mandato constitucional (artículo 154) la Contraloría General de la República es el Organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Pero este mandato en la actualidad solo son letras plasmadas en un documento.
Asimismo, el artículo 155 de la Constitución indica que la Contraloría debe establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales, el control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República, así como el control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público.
Nada de lo anterior está ocurriendo en Nicaragua y hasta la misma familia presidencial se ha enriquecido sin que la Contraloría y demás instituciones del Estado hagan prevalecer estos mandatos constitucionales. Si el funcionario público no respeta la ley, tampoco respeta a los ciudadanos.
El autor es editor de la prensa.
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