Por Noé Leiva
TEGUCIGALPA/AFP
El hondureño Miguel Angel Cárcamo tenía 43 años cuando emigró hace un año hacia Estados Unidos con la intención de mejorar la vida de sus cuatro hijos, pero lo que encontró fue la muerte junto a otros 72 migrantes a manos de la banda Los Zetas en Tamaulipas, México.
«Él salió de acá pensando en que quería hacer una casa y que mejoraran sus hijos; dijo que se iba para allá para que sus hijos no sufrieran», dijo a la AFP Marleni Suárez, de 35 años, esposa de Miguel Angel.
Un año después de la muerte de su marido, ella no encuentra cómo asegurar el futuro de sus hijos, dos niñas de 17 y 6 años y dos varones de 14 y 4 años.
De los 72 ejecutados en un rancho del poblado mexicano, 23 fueron identificados como hondureños.
«Cuando trajeron los cadáveres a la Fuerza Aérea, en la cancillería dijeron que me iban a dar un bono y una beca de estudio hasta los 18 años, pero no nos han dado nada», se quejó la mujer, que vive en condiciones deplorables en El Guante, una comunidad rural situada a 80 km al norte de Tegucigalpa.
«Ahí paso lavando ropa, me dan mis 30 a 40 lempiras (de 15 a 20 dólares); hay días que (los niños) aguantan hambre porque aquí ni trabajo hay», se lamentó.
Relató que cuando ha viajado a Tegucigalpa le han dicho que con hijos no le dan trabajo.
«A la niña de 6 años la tuve que sacar de la escuela porque me le pidieron un dinero (que no tenía)», dijo la mujer.
Mientras Felipe Santiago, de 26 años, cuñado de Marleni, duda que hayan enterrado a su hermano mayor, Miguel Angel.
«A nosotros no nos dejaron ni siquiera verlo cuando nos entregaron el cadáver; fue duro, no quisieron que nosotros lo viéramos cuando estábamos en el aeropuerto, yo lo quería ver si era él o no era, porque agarrar un cuerpo sin saber si es su hermano o no, pues uno
queda con aquella duda», señaló.
ALGUNOS DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS PIENSAN «QUE ESTÁN VIVOS»
«A veces pensamos que puede estar vivo y va a haber un milagro y que va a aparecer vivo, pero solo Dios sabe», afirmó.
Felipe Santiago siente que está viviendo «horas extras» porque él se marchaba junto con su hermano.
«Vino un cuñado de él que había estado tres años en Estados Unidos y dijo que todo estaba fácil para pasar al otro lado de la frontera; yo le iba a pagar 5.000 lempiras (263 dólares) pero a mi hermano lo llevaba de regalado», relató.
«Pero no pude conseguir el dinero, mi sobrino me lo llevaba y lo asaltaron, luego yo estaba viajando dos días después, el 24 (de agosto) y a ellos los mataron el 22», agregó.
Santos Benigno Arteaga, de 67, originario de Campamento, departamento de Olancho, 80 km al este de Tegucigalpa, dice que su hija, Maritza, de 19, se graduó de maestra pero como no conseguía empleo decidió marcharse con un amigo hacia Estados Unidos.
«Ella fue con el fin de ayudarnos, ella me dijo: ‘papi, usted está muy viejo para que siga trabajando’; le digo: ‘¿y quien nos va a mantener?. ‘Yo’, me dice; yo me voy a ir para que ustedes ya no trabajen, voy a trabajar para ustedes, pero desgraciadamente no se les cumplieron sus deseos», relató.
Maritza se fue con un amigo de la familia, Vicente, que tenía residencia en Estados Unidos «que también fracasó».
«Nos dimos cuenta de la muerte viendo los periódicos y por televisión; fuimos a cancillería para que nos investigaran, costó bastante para que nos dijeran que era la niña de nosotros, pero ellos pusieron de su parte por lo menos para traer el cadáver», expresó.
