El que estará a cargo de la institución que contará los votos de las elecciones nacionales el próximo 6 de noviembre es el funcionario de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, el mismo personaje del que se ha publicado cómo ha venido acumulando riquezas sin que hasta hoy le explique al pueblo nicaragüense sobre la transparencia de los mecanismos y/o procedimientos utilizados para tal fin.
Resulta que Rivas Reyes, el “socio político” del ilegal candidato a la Presidencia por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega Saavedra, no solo se enriquece a la sombra del sistema dictatorial que impera en Nicaragua, sino que también se considera inmune ante cualquier cuestionamiento de transparencia, pues no brinda los detalles de su fortuna a las instituciones del Estado, siendo que su salario sale del pago de impuestos de los contribuyentes.
O si reporta dicha fortuna, no permite que el pueblo de Nicaragua, de quien es el contador de sus votos, conozca lo que hace. En sencillo. Solo debería autorizar a las autoridades correspondientes para que estas den a conocer los detalles de su enriquecimiento. ¿Si todo está en orden, por qué ocultarlo?
Pero lo peor es que a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco parece importarles investigar cómo y de dónde Rivas Reyes ha obtenido tanto dinero para comprar residencias dentro y fuera del país, carros de lujo y hasta aviones en los cuales viaja con su familia.
Y el abogado del Estado, es decir, la Procuraduría General de la República (PGR) que a veces se mete por arrogancia política en temas que no son de su incumbencia, en casos como este que debería coadyuvar a la sanidad del sistema, no lo hace. Claro, la “sociedad” de Rivas y Ortega es fuerte y no se desligan.
O también puede ser que el primero tiene “vía libre” para todo a cambio de complacer los caprichos políticos del segundo, pues de lo contrario Rivas Reyes podría estar en un lugar que no sería tan confortable para él y con un nivel de vida que no se parecería en nada al que tiene.
El punto de todo esto es que la credibilidad de la institución Consejo Supremo Electoral (CSE) ha sido deteriorada seriamente desde hace algunos años no solo por el mismo Rivas Reyes, sino por el presidente Ortega quien violentando la independencia de los Poderes mantiene un Estado de facto en el que con más frecuencia se presentan los abusos de poder, la corrupción, restricción de ciertos derechos civiles y políticos, persecución penal a los opositores y represión fiscal a quienes osen cuestionar sus políticas arbitrarias.
Naturalmente, en estas circunstancias, es remoto creer que si el señor Rivas Reyes no rinde cuentas transparentes al pueblo sobre su enriquecimiento mientras se ha desempeñado como funcionario legal y de facto en el CSE, lo haga con los votos del próximo 6 de noviembre. Cabe recordar que en las elecciones presidenciales pasadas (2006) esta institución jamás presentó con transparencia los resultados de un remanente de ocho por ciento del total de los votos. Veremos qué sucede.
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