A veces los remedios baratos son más efectivos que los caros, tanto para el cuerpo humano como para el social. La gran paradoja es que, sabiéndolo, frecuentemente se priorizan los remedios más caros. Veamos el caso del desarrollo económico. Lograrlo requiere de una infraestructura adecuada —carreteras, energía, puertos, etcétera—. Pero costearla es caro. También requiere de un buen sistema judicial —tribunales independientes, jueces honestos y procesos eficientes—. Y su costo es mucho menor. Lo curioso es que muchos países se esfuerzan más en procurar los cuantiosos fondos que demanda la infraestructura, que en mejorar su justicia.
Casi inexplicable, sobre todo cuando se advierte que la calidad del poder judicial es uno de los factores que, además de ser relativamente baratos, más inciden en el desarrollo. Un sistema judicial viciado e ineficiente destruye la confianza, frena las inversiones y hace muy difícil superar la pobreza. No es casualidad que los países más pobres tengan pésimos sistemas judiciales y los más ricos tengan los mejores.
Precisamente por eso el Foro Económico Mundial ubica la institucionalidad, dentro de la que destaca el poder judicial, como el primero de los doce pilares que determinan la competitividad de las naciones. Lo preocupante es que en su último reporte la justicia nicaragüense ocupó en 2010 el puesto 132 entre 139 países. Es decir, solo fue superada por algunos estados fallidos africanos. Mientras esto no cambie, ninguna política —hambre cero o láminas de zinc— hará posible el crecimiento mínimo que se necesita para mejorar significativamente el nivel de vida de la población.
La postración actual del poder judicial no se debe a la falta de recursos. Aunque la buena remuneración de los jueces y el apoyo logístico a la operatividad de los juzgados es importante y requiere de fondos, estos no son tan cuantiosos como los que requieren las obras de infraestructura. El problema se debe a que la clase política, en general, prefiere tener magistrados y jueces subordinados a sus intereses políticos, aunque esto dañe al país. Fue una decisión de los políticos, lo que arruinó la justicia, partidizándola —el pacto Ortega-Alemán— y será una decisión política la que reestablezca su independencia.
Pero dada la resistencia de la clase política a curar la nación con medicinas que afectan sus beneficios, solo una fuerte presión ciudadana, combinada con otras circunstancias, podría cambiar el escenario judicial. Como decía en un artículo reciente, una de estas circunstancias pueden ser imponderables, como las revueltas que están cambiando el mundo árabe. Pero para aprovecharlas la ciudadanía debe tener objetivos claros y determinación.
Un objetivo central debe ser que el poder judicial no esté sometido a ningún grupo —político, económico, social o ideológico— sino que sea celosamente imparcial. Para estos efectos podría crearse un grupo de unos treinta electores, integrados por miembros de los gremios empresariales, sindicatos, iglesias, representantes de la barra de abogados, rectores universitarios, entre otros. Ellos elegirían a los siete o nueve (más que eso es exageración) magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, ¿porqué no? a los magistrados de un nuevo Consejo Supremo Electoral integrado por no más de tres. Los seleccionados tendrían que ser personas con trayectoria inobjetable y sus cargos serían vitalicios. De esta forma no estarían sujetos a los vaivenes del poder ni dependerían de las simpatías de caudillos, políticos o partidos.
Otro objetivo importante sería darle mucha relevancia y respaldo a los sistemas de arbitraje; permitir que los ciudadanos diriman sus disputas jurídicas a través de árbitros privados, cuyos fallos tendrían los mismos efectos que el de los tribunales ordinarios y no podrían revertir a estos. Finalmente, habría que dignificar la carrera judicial con remuneraciones adecuadas y un correspondiente código de ética y vestuario —es chocante ver jueces en camiseta y gorra de beisbol—.
Reformas que logren estos objetivos mejorarían mucho nuestra justicia y en consecuencia nuestra competitividad y paz social; serían como una bocanada de aire fresco en una sociedad enrarecida por la corrupción y el partidismo. Pero requerirán del concurso de hombres y mujeres dispuestos a movilizarse e incomodar sus vidas, porque están convencidos de que un futuro mejor solo es posible si se rescata al poder judicial del lodo politiquero en que lo han sumido.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
