Por Eduardo Cruz, Amalia del Cid y Amalia Morales.- “Para la comunidad, por la comunidad, hacia la comunidad”, es el lema de la Policía de Nicaragua que podría estar en entredicho, cuando se observa que destina fuertes contingentes de policías para cuidar a funcionarios de Gobierno mientras descuida a la ciudadanía.
¿Cuál es la distribución de las fuerzas de la Policía? ¿Cuántos están en función de la seguridad ciudadana? ¿Cuántos en función de las autoridades? LA PRENSA preguntó, pero hasta hoy no obtuvo respuesta de la Policía.
En agosto del año 2010, la comisionada Vilma Reyes, en ese entonces vocera de la Policía (hoy, jefa de Seguridad Pública), dijo que esa información era restringida; pero en los anuarios de la institución de años anteriores aparece cómo se distribuyen algunas fuerzas, según publicó en ese momento LA PRENSA en un reportaje.
Entre otros, los anuarios reflejan cómo en dos años se duplicó el número de policías asignados a la seguridad personal, es decir, escoltas al cuido de personalidades.
En el 2006 había 389 hombres asignados al cuido de personalidades y dos años después, en el segundo año de la Administración de Daniel Ortega, en el 2008, la cifra aumentó a 684 hombres. Tres años después, en este 2011, se ignora cuántos habrá en seguridad personal y en la prevención del delito en la ciudad.
En ese mismo año 2008, las estadísticas de la Policía revelan que en Nicaragua había siete policías por cada 100 kilómetros cuadrados y 171 policías por cada 100 mil habitantes.
En cambio, en la celebración del repliegue en este año 2011, para recorrer treinta kilómetros de Managua a Masaya, el presidente Daniel Ortega prácticamente utilizó más del diez por ciento del total de fuerzas policiales con las que cuenta el país, pues de los 11,500 efectivos que hay, 1,500 trabajaron en la cobertura del acto partidario y durante la celebración del acto del 19 de julio pasado, la Policía reconoció oficialmente que destinó 5,000 agentes a esa actividad ¡casi la mitad del total de policías!
La política y los grupos de poder se están tragando los recursos que deberían estar destinados a la seguridad ciudadana.
Los transportistas de Managua lanzaron una voz de alerta en los últimos días. Barrios como Loma Linda, Hugo Chávez, Quinta Nina, el sector del Mayoreo, Hialeah y especialmente las zonas costeras del lago de Managua son considerados puntos rojos por la alta actividad delictiva que se registra en esos lugares. Allí los taxis no quieren entrar y a veces hasta los buseros.
Los conductores de 28 unidades de la ruta 165 anunciaron la suspensión del servicio para los barrios Las Torres y Pedro Joaquín Chamorro, debido al incremento de los robos y otros delitos en esas zonas del Distrito Cuatro de Managua.
En el sector del Mayoreo, un conductor de la ruta 104 dice: “Aquí por ejemplo, el patrullaje (policial) brilla por su ausencia, entonces uno anda en alto riesgo”.
Roberto Orozco, experto en seguridad del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP), señaló que uno de los problemas de la Policía es que tiene un presupuesto débil.
La Policía ha descuidado su accionar y su relación con la comunidad, según señaló Claudia Paniagua en el semanario Confidencial . En años anteriores —explicó Paniagua— existía un trabajo conjunto entre Policía y comunidad, sin embargo, ahora se ha ido perdiendo la figura del jefe de sector, que es aquel policía interlocutor entre población e institución del orden público. “La Policía tiene que volver a lo que era”, manifestó la directora ejecutiva de la Fundación Nicaragua Nuestra.
Las paradas de buses son grandes referentes del problema de la seguridad ciudadana. Sectores como Plaza El Sol, en las narices de las oficinas centrales de la Policía, son focos de asaltos, especialmente a mujeres indefensas.
En cambio, la inseguridad no parece ser un problema para los altos funcionarios de Gobierno. La magistrada judicial Juana Méndez, el magistrado electoral Roberto Rivas, y aún quienes no son funcionarios como Edén Pastora y Lenín Cerna, gozan de la protección de un nutrido grupos de policías escoltas.
La ley de la Policía estipula que se debe brindar el servicio de escolta al presidente y a los presidentes de todos los poderes del Estado, pero no habla de otro tipos de funcionarios públicos. Sin embargo, las evidencias demuestran que el presidente Daniel Ortega abusa de ese privilegio que le otorga la ley.
Hay que tratar de ser prudentes en la cantidad de policías que se destinan a la labor de escoltas o seguridad personal, afirma el exjefe policial y especialista en temas de seguridad, Francisco Bautista Lara, quien explica que si se utiliza una cantidad de policías en la labor de seguridad personal, ese número de agentes dejará de atender la cobertura de seguridad pública.
Para el exjefe policial, en un país como Nicaragua, en donde las tasas delictivas no son las más altas, no es muy razonable que los funcionarios públicos tengan una custodia policial visible demasiado alta.
“Cuando yo estaba en la Policía Nacional, en el año 1998-2000, hablamos en aquel momento con el Gobierno y le planteamos la necesidad de racionalizar eso. Pero siempre los gobiernos (de 1990 a 2006) siempre insistían en que más funcionarios tuvieran protección. Entonces la Policía siempre tenía que estar estirándose para dar esa cobertura que los gobernantes y las autoridades de los ministerios trataban de poner”, explicó Bautista.
En los años 80 las autoridades debían tener seguridad porque el país estaba en guerra, pero en los años 90, ya en época de paz, la seguridad policial se siguió brindando y el porcentaje de escoltas era alto, recuerda Bautista.
“La experiencia real desde 1990 es que el gobernante dice: No, también cuiden al ministro tal, al viceministro tal, al director tal, al juez tal, al fiscal tal. Al final se va sumando y sumando más gente. Y a veces la Policía no tiene suficiente gente y lo que hace es estirar la cobija”, asegura el exjefe policial.
Una propuesta que hace Bautista, para que el problema aminore, es que se debe pensar en un mecanismo institucional de seguridad, que garantice la seguridad a los funcionarios públicos de alto nivel, sin que implique el desgaste de la Policía. Sería como un cuerpo policial de protección adscrito a la Policía, pero independiente de la seguridad pública y que tenga una asignación presupuestaria específica. “No se trata de crear otra policía”, aclaró.
En la mayoría de los residenciales en la zona de Veracruz, en la entrada a Ticuantepe, no existen guardas de seguridad. Pero no es porque ahí no existan delincuentes, o porque sea un pedazo de cielo, sino porque la labor de vigilancia la ejercen policías de la delegación de Nindirí.
Ellos dicen ser policías voluntarios, pero andan vestidos con el uniforme de la Policía, aunque no tienen chips ni armas de guerra.
Se les puede apreciar en las entradas principales de residenciales como Bosques de Capistrano, La Cascada y Las Lomas, este último, donde viven altos comisionados de la Policía Nacional, como la comisionada Vilma González, segunda vocera de la institución; el comisionado mayor Róger Ramírez, jefe de la Policía de Managua; la comisionada mayor María Auxiliadora Ferrufino, segunda jefa de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM), así como el comisionado Héctor Zelaya, ya jubilado.
A estos policías voluntarios se les encuentra levantando las agujas de las entradas a los residenciales o tomando notas de las personas que entran y salen.
Uno de ellos, Luis Enrique Chamorro, quien cuida el colegio privado St. Mary, explica que la delincuencia es agresiva en la zona de Veracruz, lo que ha obligado a la población a requerir de más presencia policial en la zona.
Los delincuentes “la piensan dos veces” para meterse a robar a un lugar cuando miran a los uniformados, pero son más “aventados” cuando solo ven a un vigilante, porque saben que no tiene la misma capacidad técnica y de comunicación para atrapar a los ladrones, explica Chamorro.
Son las personas que requieren de ese servicio especial de la Policía, quienes dan una “contribución” para el pago de la vigilancia, añade el policía voluntario.
En Bosques de Capistrano, Tony Alberto Cano y Eduardo Jarquín se mantienen alerta cada vez que un extraño se acerca al residencial. Ellos también son policías voluntarios que hacen las veces de guardas de seguridad.
“Nosotros somos mandados”, dicen, a la vez que aseguran que “por tener más conocimiento” los policías agarran más rápido a los ladrones y eso le gusta a la gente.
En La Cascada el policía voluntario Eddy Bermúdez se mantiene abriendo y cerrando el pesado portón de hierro que está a la entrada del lujoso residencial.
“Así ganamos el salario”, dice Bermúdez, quien afirma que como policía voluntario no es el Gobierno el que le paga, sino los habitantes que solicitan el servicio de vigilancia.
En residencial Las Lomas, donde habitan los comisionados de la Policía, hay dos policías voluntarios como guardas de seguridad. En realidad son cuatro, pero se dividen en dos turnos. Estos afirman que quien les paga el salario es la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía de Nindirí. No hablan más porque no pueden, dicen, pero señalan que en la delegación de Nindirí se puede conocer más información sobre el trabajo que ellos realizan en el cómodo residencial.
El problema es que la inmensa mayoría de la población no tiene las mismas oportunidades de seguridad, especialmente la más pobre.
Por ejemplo, Paula Coronado, de 28 años. Ella toma sol frente a su casa mientras ve jugar a sus dos hijos y en la noche se tapa, en su caso, se esconde, tras los latones del rancho donde vive en el barrio Jorge Salazar, donde no recuerda haber visto a ningún policía en los últimos seis meses, el tiempo que lleva habitando este asentamiento de la capital, situado en el Distrito Seis.
En algunos lugares lo que la gente hace es pagar una vigilancia privada, pero siempre ocurren los asaltos, como en Jardines de Veracruz, en Managua.
La ratería de la capital afecta más los distritos Cuatro, que comprende barrios como el Jorge Dimitrov; Cinco, que abarca sectores como el Reparto Schick, y Seis, que se extiende por Waspam, las Américas y Los Laureles.
Mientras la ciudadanía le huye a la delincuencia, la Policía se esconde, no de los ladrones, sino de quienes le piden información sobre cómo están protegiendo a la ciudadanía.
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