CORRESPONSAL/MATAGALPA
Durante la postrera, los productores cultivan frijol para su consumo y también cosechan semillas para sembrar en el período de apante, la época de mayor cosecha de frijol en el municipio.
Ninguna financiera quiere dar créditos por el asunto de los no pago, reconoce el alcalde, Raúl Acevedo Lara, quien enfatiza que necesitamos créditos para garantizar la seguridad alimentaria en el municipio.
Indicó que con aportes de la Unión Europea, la alcaldía de El Cuá entregará semillas de maíz y frijol a mil familias, para la siembra de postrera. Cada familia recibirá 25 libras de semilla, para sembrar en un cuarto de manzana.
Acevedo dijo que para paliar la crisis alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) apoya a la municipalidad con paquetes de comida que cada dos meses entregan a familias pobres.
Los paquetes contienen arroz, frijol y aceite, más un complemento de sardinas o un complemento de leche de soya.
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“Aquí está todo palmado”, dice María mientras termina de lavar ropa junto a un pozo del que se abastecen diez familias del caserío; y agrega: “Ya vieja no puedo trabajar y él (Ramón) ya está viejito y ahí vive luchando, no tenemos cómo comprar (alimentos) y tenemos que estar comiendo guineos con sal; es cosa que entre usted a la cocina y lo mire”.
Ella considera inalcanzables los productos básicos, por los precios. El frijol a 1,200 córdobas el quintal, el maíz a 700 córdobas el quintal, el arroz “más barato” a 10 córdobas la libra y el azúcar a 7.50 córdobas la libra.
Casi la mitad de la población de El Cuá carece de tierras y trabaja principalmente en las plantaciones de café, que es el principal rubro económico del municipio, explica el alcalde Raúl Acevedo Lara. Indica que históricamente los meses de julio y agosto han sido “críticos” en términos de seguridad alimentaria de la población.
“Ahorita no hay trabajo”, expone Arnulfo Castellón Olivas, de Las Brisas de Kilambé.
Cuando consigue empleo, un obrero agrícola gana en promedio cien córdobas por día y “con eso no se ajusta para comprar nada”, opina Gabino Pérez, de la comunidad San Miguel de Bocaycito.
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En comunidades rurales del municipio El Cuá, departamento de Jinotega, varias personas coinciden en que los programas gubernamentales como el Bono Productivo Alimentario (BPA) y el plan techo (entrega de láminas de zinc) son tan excluyentes que dirigentes sandinistas los ofrecen a cambio de votos para el partido gobernante, el Frente Sandinista (FSLN).
“Hay gente a la que han comprado, pero yo no me voy a vender por diez pliegos de zinc”, enfatiza Róger Salgado Salgado, un pequeño productor del Valle Los Condega, a 35 kilómetros del poblado El Cuá, en los límites con los municipios de Wiwilí y San José de Bocay, donde el camino es tan maltrecho que los camiones grandes son los únicos vehículos que ingresan.
Salgado relata: “Andaban unos líderes del Frente (Sandinista) diciendo que ‘si votás por nosotros, te damos zinc’, pero yo pienso que todos somos nicaragüenses y así como reparten a los sandinistas deberían entregarle a la gente contraria a ellos”.
“Si es un Gobierno para todos, deberían beneficiar parejo a todos”, considera Salgado, para quien “la pobreza se está multiplicando”.
De acuerdo con la última caracterización municipal, de los 52 mil habitantes de El Cuá, dos tercios viven en pobreza extrema con menos de un dólar por día y otro 23 por ciento vive en pobreza. Sólo el 11 por ciento de la gente es “no pobre” en ese municipio.
Hasta enero de este año, el gobierno de Daniel Ortega, supuestamente, había entregado bonos productivos a 1,400 mujeres pobres en El Cuá.
VACAS PARA QUIEN NO TIENE POTRERO
Sin embargo, el alcalde Raúl Acevedo Lara, electo bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ahora aliado del partido de Ortega, estima que ese bono “en algunos lugares no ha sido tan efectivo porque han entregado vacas a gente que no tiene potreros y entonces tienen que venderla. Hay otros que sí han sido beneficiados porque tienen la tierrita, e incluso ya la vaca ha parido”.
María Agustina Montenegro Herrera, quien vive con su marido, Ramón Montenegro Calderón, en el Valle Los Blandón, a siete kilómetros de El Cuá sobre la ruta a San José de Bocay, tuvo que vender la vaca que “por casualidad” recibió hace un año, cuando “una vecina sandinista” que sería beneficiada desistió y se la entregaron a ella.
“Pero, no tengo lugar para tenerla, tenía que estar alquilando el potrero y hubo un tiempo que la vaca casi se murió de flaca y tuve que venderla para pagar los seis mil pesos (córdobas) que, supuestamente, servirían para formar una cooperativa”, justifica la mujer de la tercera edad.
Gabino Pérez, de San Miguel de Bocaycito, comenta: “El Gobierno dice que le ayuda al campesinado, pero eso no ha sido parejo, todo es politizado y si dan gallinas (otro de los componentes del BPA) es sólo a los sandinistas”.
Por su parte, Salgado expresa que “nos tienen ‘corcholeados’ (excluidos), estamos fregados y volvemos a la oscuridad de los (años) 80, hay montones de familias que no hacen la comidita, porque está todo caro y muchos sólo comen guineítos con sal”.
En la comunidad Las Brisas de Kilambé, a 40 kilómetros de El Cuá, hay aproximadamente 90 casas, estima el líder comunitario, Arnulfo de Jesús Castellón Olivas, quien lamenta que el BPA “sólo lo reciben los que opinan por la ideología sandinista”.
“Aquí en la comunidad son como 15 sandinistas, pero sólo les han dado a dos personas y fueron unos pliegos de zinc que les dieron hace un mes, y al resto no se dice nada”, asegura Castellón, quien lamenta que el camión de transporte colectivo sólo entra a la comunidad “cuando no llueve”, por el avanzado deterioro de la vía.
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