El mismo día que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua emitía una normativa ética para las elecciones, grupos de estudiantes de escuelas públicas fueron sacados a las calles de Managua con banderas del partido en el poder, el Frente Sandinista (FSLN), y pancartas que proclamaban la reelección ilegal del presidente Daniel Ortega.
El Consejo Electoral nunca ve esos abusos y manipulaciones, pero sí advierte a los partidos de oposición que no pueden amenazar, sobornar o forzar a los electores a adherirse a determinada candidatura.
Así lo expresa el reglamento de ética electoral, que recién aprobó el CSE y en el cual ignoró la petición de algunos partidos de poner fin a la utilización de estudiantes, empleados públicos y bienes del Estado en la campaña electoral del FSLN.
En realidad, esa normativa de “ética electoral” tiene un propósito poco ético porque su fin es que ciudadanos, políticos opositores y medios de comunicación dejen de criticar y denunciar las ilegalidades que, con el beneplácito del CSE, cometen Ortega y el FSLN.
Por ejemplo, prohíbe “dañar, manchar, rotular, fragmentar, distorsionar, deteriorar o destruir” la propaganda de los partidos, pero el CSE ha callado ante denuncias de que los activistas del FSLN han hecho eso contra sus adversarios políticos.
Las autoridades suelen proteger a los partidarios del FSLN e intimidar a los opositores. En una ocasión, en la ciudad de Ocotal la Policía detuvo a ciudadanos solo porque colocaban propaganda de un partido liberal.
Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos están obligados a pedir permiso para hacer manifestaciones públicas, pero el FSLN realiza marchas y plantones, que hasta obstruyen el tráfico, sin gestionar ningún permiso.
Y lo más delicado es que ahora el CSE podrá acusar por delitos electorales a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación que, a criterio de los funcionarios, hayan vertido opiniones o declaraciones “que contengan difamación, injurias, calumnias o expresiones obscenas, ofensivas o denigrantes, falta de respeto en contra de las autoridades electorales”.
En concreto, el poder electoral está advirtiendo a los nicaragüenses que tengan cuidado al criticar y opinar sobre lo que suceda en estas elecciones, que culminarán en noviembre, porque cualquier declaración de cualquier ciudadano puede ser usada contra el mismo.
Si alguien afirma que los magistrados del CSE son de facto, porque hace rato venció el período para el que fueron electos, es probable que lo acusen de calumniar. Y a quien repita que estos magistrados son cómplices del fraude electoral del 2008, quizás lo acusen de denigrar, ofender o faltar el respeto a la autoridad, a pesar de que el fraude fue comprobado y la complicidad de ellos también.
Con esa normativa, el CSE viola el artículo 30 de la Constitución de la República, que otorga a los nicaragüenses el derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente.
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