WASHINGTON/AP/EFE
El comité judicial de la cámara baja aprobó ayer el proyecto de ley “Mantengamos nuestras comunidades seguras 2011” que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional la detención indefinida de inmigrantes que entraron al país sin autorización legal y que enfrentan órdenes de deportación.
El proyecto permite la detención indefinida de los inmigrantes después de 90 días si su deportación ocurriera en el futuro cercano, si la persona no coopera para confirmar su verdadera identificación, si padece una enfermedad contagiosa o si su liberación puede afectar a la política exterior o a la seguridad nacional estadounidense.
La medida, presentada por el presidente del comité, el republicano Lamar Smith, también autoriza la detención indefinida si la liberación representa una amenaza para alguna persona y el indocumentado ha sido sentenciado por al menos un crimen agravado o violento, y si tiene propensión a incurrir en violencia.
El proyecto de ley, que fue aprobado 17-14 y debe ser debatido ahora en el pleno de una cámara baja controlada por mayoría republicana, fue rechazada por los demócratas que acusaron a Smith de jugar a la “politiquería” con medidas, que incluso atropellan la Constitución de Estados Unidos.
Smith justificó el proyecto de ley debido a que casi 4,000 inmigrantes criminales y peligrosos han sido liberados cada año desde 2008 después de que la Corte Suprema fallara en 2001 que los inmigrantes cuya deportación ha sido ordenada no pueden ser detenidos más de seis meses si no hay una expectativa razonable de ser deportados.
Agregó que 134,000 inmigrantes en proceso de deportación fueron liberados entre 2001 y 2004.
“Solo porque un inmigrante criminal no puede ser retornado a su país de origen no significa que deban ser liberados en nuestras comunidades. Los inmigrantes que son criminales peligrosos necesitan permanecer detenidos”, dijo.
VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN
Zoe Logfren, principal demócrata en el subcomité de inmigración, acusó al proyecto de ley de violar el precepto constitucional de que el debido proceso es derecho de todas las personas que se encuentren dentro de Estados Unidos, sin importar si su presencia es legal, ilegal, temporal o permanente.
El proyecto de ley “no solo viola el artículo fundamental a la libertad individual en la Constitución, pero lo hace a un costo increíble para el contribuyente estadounidense: ICE ya gasta cerca de 2,000 millones de dólares anuales solo en detención”, dijo.
Una coalición de 20 organizaciones proinmigrantes se pronunció en mayo contra este proyecto de ley alegando que la detención indefinida de extranjeros viola los fundamentos principales del debido proceso judicial.
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