Un hombre en una moto siguió a un equipo de periodistas de LA PRENSA mientras se movilizaban dentro del pequeño poblado de Nindirí, durante cuatro horas, y ya saliendo del pueblo se percataron de que una camioneta también se había sumado a vigilarles. Aquello no era casual, porque al hablar con los habitantes del lugar se enteraron de que estos también viven bajo vigilancia, en un virtual estado de sitio.
Las acciones sospechosas que hacían los periodistas eran entrevistar a ciudadanos comunes y corrientes del municipio sobre el ambiente electoral, porque en noviembre tendrán la posibilidad de elegir al presidente de la república y a los legisladores de los próximos cinco años en Nicaragua.
Nindirí, a sólo 20 kilómetros de Managua, ya pasó a la historia de las elecciones nicaragüenses por ser uno de los municipios en que el partido en el gobierno, el Frente Sandinista (FSLN), cometió uno de los fraudes más descarados en los comicios municipales de noviembre del 2008.
Los mismos informes públicos del Consejo Supremo Electoral (CSE), cómplice del fraude, registraban datos contradictorios con que los organismos de observación nacionales pudieron demostrar pronto la alteración de las actas de la votación. En el resultado final había más votos que votantes registrados. El candidato a alcalde por la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que había ganado en Nindirí con 116 votos más que su principal contrincante del FSLN, terminó perdiendo por más de 80 votos porque en el traslado de las actas, del municipio a la oficina departamental del CSE, las cifras cambiaron como por arte de magia.
En las semanas siguientes a la elección, pobladores de Nindirí salieron a las calles a protestar y el FSLN mandó a sus turbas desde Managua para reprimirles con violencia. El fraude, ejecutado en al menos 40 municipios del país, fue denunciado en el exterior con pruebas contundentes y los países de la Unión Europea suspendieron ayudas al gobierno de Nicaragua hasta por 100 millones de dólares, como parte de las presiones para que el gobierno de Daniel Ortega ordenara el recuento de los votos.
Ortega hizo lo contrario, celebró que su partido hubiera conseguido más alcaldías de las que podía y premió a los magistrados del CSE prorrogándoles su estancia en el cargo a partir de enero de 2010, de manera inconstitucional porque sus períodos habían vencido y correspondía al poder legislativo nombrar a los nuevos magistrados o reelegir a quienes considerara.
Casi tres años después, pocos ciudadanos en Nindirí se atreven a hablar del fraude electoral en público. El miedo es latente, según percibieron los periodistas de LA PRENSA, porque la población allí está casi sitiada, vigilada día y noche por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), una organización del FSLN creada para eso poco después que el presidente Ortega volvió a gobernar en enero de 2007.
La alcaldía de Nindirí, robada por el FSLN, es usada ahora por este partido para aprovisionar a los CPC y mantener atemorizada a una pequeña comunidad; y muchos ciudadanos de este municipio, cuando vayan a votar el próximo seis de noviembre, tendrán la duda de si su voto será respetado o no.
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