El jefe de campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, dijo que su partido está siendo objeto de “prácticas fraudulentas institucionalizadas” contra su campaña, porque desde hace meses se les ha venido boicoteando su propaganda.
Rosales dijo que recientemente contrataron unas 230 unidades de buses a nivel nacional, las cuales portarían propaganda del PLC, sin embargo afirma que el Instituto de Regulación del Transporte Municipal (Irtramma) y las delegaciones del Ministerio de Transporte en los departamentos del país amenazaron a los dueños de buses con quitarles las concesiones o retenerles las unidades si portaban propaganda de ese partido.
“No es una concesión que no estaban haciendo los dueños de buses, es un negocio, pero en Managua el Irtramma les ha dicho que tienen que remover esa propaganda porque no están autorizados, si no lo hacen les van a quitar la concesión o retener las unidades”, explicó Rosales.
Rosales señaló que la contratación se hace directamente con los dueños de buses y no tienen que solicitar ningún permiso, que así se ha hecho en ocasiones anteriores.
Agregó que los dueños de las unidades temen que se cumplan las amenazas, por lo cual han decidido no poner la propaganda hasta que el problema no se solucione.
“Es parte de una cadena de prohibiciones, en las carreteras nos han prohibido las pintas de siglas del partido, colores, también el uso de la Plaza de la República, por razones de seguridad porque está cerca la Casa Presidencial que no usa el Gobierno y por último nos vetan al fiscal nacional, cuando es un derecho del partido poner a quien considere tiene la capacidad para ejercer un cargo”, manifestó Rosales.
El jefe de campaña del PLC dijo que aunque no tienen por qué hacerlo, buscarán como reunirse con el Irtramma para ver si encuentran una solución.
LA PRENSA intentó comunicarse con Francisco Alvarado, director de Irtramma, pero no fue posible.
Rosales dijo que van a denunciar los hechos ante las instancias correspondientes y ante organismos internacionales, porque son prácticas fraudulentas institucionalizadas que impiden que el PLC haga su campaña política electoral a la cual tienen derecho.
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