Por Alejandro Serrano Caldera.- Releyendo el excelente libro de mi amigo, el destacado filósofo mexicano, Luis Villoro, El poder y el valor , publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1997, me vienen a la mente numerosas reflexiones acerca del poder, e inevitablemente sobre el derecho y el pueblo, los que se presentan estrechamente relacionados.
Las consideraciones y conclusiones que planteo sobre el tema no deben hacerse necesariamente extensivas a Villoro y más bien las presento como de mi exclusiva responsabilidad, aunque indudablemente motivadas por su libro y, por supuesto, por la realidad contemporánea.
El tema del poder surge de nuevo a partir de la corriente del llamado socialismo del siglo XXI, en la que se percibe una tendencia claramente autoritaria que se pretende justificar en nombre del pueblo, aunque este no sea más que un referente demagógico para tratar de legitimar los usos y abusos de su ejercicio.
En sus orígenes el poder surge como un acto de fuerza en el llamado estado de naturaleza anterior al Estado, al derecho y, por lo tanto al contrato social. El poder en el momento de su nacimiento no busca legalizarse y legitimarse, simplemente actúa y somete a quien lo padece a partir de su propio peso y de conformidad a sus propias posibilidades.
La guerra de todos contra todos de la que habla Hobbes en Leviatán hizo que tanto opresores como oprimidos buscaran un acuerdo mediante el cual se establecieran derechos y deberes, tanto para el individuo como para el grupo, lo que pasaba necesariamente por un mecanismo de limitación y control del poder, que era el precio que este tenía que pagar para ser reconocido por toda la colectividad.
El poder, cuya fuente y origen es el pueblo, pasa así a formar parte de esa nueva estructura que es el Estado y del sistema normativo que lo regula, que es el derecho. El pueblo es la fuente del poder y la soberanía, lo mismo que de los derechos y deberes de todos y cada uno de los componentes de la sociedad expresados en el contrato social, el que adquiere su expresión normativa en la Constitución y el sistema legal, cuya aplicación y observancia debe ser garantizada por ese aparato institucional denominado Estado. Esta fue la idea del contractualismo racionalista y la Ilustración que dio pie a la construcción de la modernidad; fue el núcleo del pensamiento de Rousseau expresado en el Contrato Social.
Estas ideas de la modernidad se han visto cuestionadas por dos corrientes opuestas entre sí, pero que coinciden en un punto fundamental: la reafirmación del poder en sí mismo. Por una parte, a nivel mundial, las teorías del mercado total, llamado también “Monoteísmo de mercado”, por Roger Garaudy, e “Idolatría de mercado”, por Franz Hinkelammert, en su crítica radical a las mismas. Las teorías del mercado absoluto, han pretendido someter la política, el derecho, el Estado, la cultura, la ética y todas las manifestaciones individuales y sociales a las leyes de mercado, asumidas, intencionadamente, como expresiones del derecho natural, tal es la denominación que se le ha dado a la ley de la oferta y la demanda, pretendidamente autónoma, pero desconociendo deliberadamente los ideólogos de esta corriente, que detrás de las oscilaciones de los precios y detrás del funcionamiento mismo de la ley de la oferta y la demanda, se encuentra la especulación de los sujetos económicos y financieros, que reducen o aumentan el flujo de productos en el mercado.
Por la otra parte, a nivel de algunos países de América Latina y en un sentido general completamente opuesto al anterior, el llamado socialismo del siglo XXI pretende recuperar la idea y la práctica del poder por el poder mismo, en las personas de los caudillos que lo ejercen, tergiversando el sentido político, filosófico y jurídico de las instituciones que establecen los principios de legalidad y legitimidad del poder, hasta tanto puedan cambiar estas instituciones por otras que reafirmen esa idea y con ella su poder personal.
Se dice que el pueblo es presidente, pero en realidad lo que se está diciendo es que el presidente es el pueblo, fuente y origen en sí mismo del poder y la soberanía, transfiriendo de esa manera la idea de pueblo, de la colectividad al sujeto unipersonal que ejerce el poder. El pueblo viene de esa forma sustituido en su identidad y función histórica, transformado en masa destinada a ratificar las decisiones que el gobernante toma en tanto se considera a sí mismo el verdadero pueblo.
De ahí proviene la manipulación de los conceptos contenidos en la teoría fundamental del derecho, mediante la cual, la expresión de Kelsen, que dice que todo acto estatal es un acto jurídico, ha sido interpretada y aplicada en la práctica de forma tal que se afirma que lo que hace el poder es legítimo y legal por el hecho mismo de su fuente y proveniencia, siendo que el principio en cuestión lo que afirma es todo lo contrario, es decir que todo acto del Estado, para ser considerado como tal, es decir como un acto estatal, tiene que ser necesariamente un acto jurídico, estar de acuerdo a la Constitución y las leyes, pues de lo contrario será simplemente un acto de fuerza, ilegal e ilegítimo. Este es el principio del Estado de Derecho que establece la subordinación del poder a la ley.
Por lo tanto, la actuación del Estado o es un acto jurídico legítimo, o, en caso contrario, es un acto de fuerza, un atropello. La teoría del contrato social sustituyó el “derecho de la fuerza” por la “fuerza del derecho”. Es el paso del estado de naturaleza a la sociedad política. En el contrato social cada quien busca garantizar su interés particular en el interés general. El bien común es la verdadera garantía de los derechos individuales. El autócrata en cambio pretende que su interés particular represente el interés general.
En el fondo esto es lo que está detrás de todos los abusos de poder. Tratar de legitimar lo ilegítimo, tratar de legalizar lo ilegal, al asumir que el propio gobernante es la fuente del poder y la soberanía pues él es el pueblo. De esta forma vemos que el poder del gobernante ya no proviene del pueblo, sino el pueblo del poder del gobernante, de la misma manera que el poder ya no proviene del derecho, sino el derecho del poder.
Todo esto significa la intención de demoler la sociedad política creada con el contrato social y regresar, consciente o inconscientemente, al estado de naturaleza en el que priva la fuerza sobre el derecho y en el que el gobernante, devenido pueblo, es en sí mismo la fuente de todo poder.
Jurista, filósofo y escritor nicaragüense
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